Deudas y trampas

La LFP asegura que, con la provisión de 10 millones de euros para la pasada y cada una de las próximas cuatro temporadas, se garantizan 240.000 euros por jugador en Primera y 120.000 en Segunda y no hay posibilidad alguna de aumentar esas cantidades porque no disponen de fondos. La AFE entiende que con esos 50 millones en total no se garantizan ni siquiera las deudas a 200 futbolistas correspondientes a la temporada 2010-11. El sindicato asegura que, además, la LFP descontará de los 40 millones de euros que ofrece hasta el 2015 el importe de los pagarés entregados en las temporadas 2007-08, 2008-09 y 2009-10, lo que elimina cualquier garantía para las cuatro próximas temporadas.

Otro punto de conflicto es la ley concursal. El sindicato de futbolistas considera que si la modificación de la ley concursal estuviera vigente el margen de discordia en el conflicto sería mucho menor. Con los cambios, la normativa deportiva prevalecerá y todos los clubs con deudas bajarán a Segunda B. La AFE insiste en que la LFP no tienen ningún interés en que cambie la ley, lo que, entre otras cosas, dejaría sin efecto el fondo de garantía concursal aprobado unilateralmente por la patronal.

Hay otros motivos de diferencia. La Liga Profesional no está dispuesta a seguir aumentando el fondo social que destina a la AFE y que en la pasada temporada ascendió a 2.200.000 euros. La patronal considera que el sindicato tiene que autofinanciarse mediante las cuotas de sus asociados y que ese dinero, que en principio tiene que ser destinado en parte a fines benéficos, acaba empleado en buena medida para financiar los gastos estructurales del sindicato, que se han triplicado, según la Liga, en los últimos años. También se niega a ceder el 35% de los ingresos por la colección de cromos de la Liga, así como a destinar al sindicato un porcentaje de los derechos de televisión, que son propiedad de los clubs a título individual.

Pese a haberse ofrecido a mediar en el conflicto, ninguna de las dos partes se ha dirigido al secretario de Estado para el Deporte, Albert Soler, para que ayude a buscar un acercamiento. Soler también ha lamentado repetidamente que los clubs hagan una utilización perversa de la ley concursal.