Hace tiempo que Plena inclusión Aragón, como representante mayoritario del sector de apoyo a la discapacidad intelectual y sus familias en la comunidad autónoma, viene alertando de que nuestras entidades sociales experimentan una situación límite en su sostenibilidad debida a su estado financiero. Y hay que hacer hincapié en que estas organizaciones sin ánimo de lucro prestan servicios y apoyos reconocidos como derechos en el Sistema Público de Servicios Sociales de Aragón.

Esta circunstancia no es nueva, pero, desde el comienzo de la pandemia, se vio agravada por los elevados sobrecostes, de entre un 20 y un 25%, que estas entidades tuvieron que asumir para hacer frente a las medidas de prevención de la covid-19, mientras sus ingresos seguían siendo los mismos que antes de la emergencia sanitaria. Y, cuando parecía que empezábamos a vislumbrar una relativa vuelta a la normalidad, el aumento de los precios de la energía, el transporte, la alimentación y los costes salariales, además un IPC desbocado, no han hecho sino ahondar esta crisis.

En este tiempo, las entidades no han escatimado esfuerzos para adaptarse a la situación porque, para sus personas usuarias, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad aragonesa, es fundamental que se mantengan los servicios a los que tienen derecho. Pero, si antes de la pandemia, los conciertos con la Administración ya no cubrían el coste real de las plazas, ahora estos no alcanzan ni de lejos.

Plena inclusión Aragón mantiene una interlocución constante con el Gobierno de Aragón pues, como asociación representante de entidades prestadoras de un servicio público, nunca ha faltado por ninguna de las dos partes el ánimo de entendimiento y colaboración. Y parece ser que, esta vez sí, estamos transitando por el camino correcto para tratar de buscar una solución a esta situación, enquistada desde hace años.

Entre tanto, seguimos insistiendo al Ejecutivo autonómico para que actualice el precio de las plazas residenciales y de centro de día para personas con discapacidad intelectual contratadas o concertadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) con las entidades de Plena inclusión Aragón. Cabe recordar que todas estas organizaciones de iniciativa social carecen de ánimo de lucro, y solo piden poder cubrir el coste real de la prestación de estos servicios.

De no recibir dicho apoyo, la sostenibilidad de estas entidades estará en serio peligro. Si tienen que cerrar, con ellas se perderán los servicios a los que estas personas tienen derecho, según reconoce la legislación aragonesa en materia de servicios sociales. Y también se destruirán cientos de puestos de trabajo que, en muchas ocasiones, son clave para el mantenimiento de la población en el medio rural aragonés, pues la naturaleza del servicio que prestan nuestras organizaciones hace imposible la deslocalización de su labor, como sí ocurre con otros sectores de actividad.