El Gobierno celebra la "rectificación" del Gobierno de Castilla y León tras la polémica por el supuesto protocolo antiaborto anunciado por Vox la semana pasada, y da por "acatado" el requerimiento enviado formalmente el pasado martes al Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco, que negó que se hubiera aprobado ninguna medida de este tipo. En Moncloa se atribuyen directamente lo que consideran un cambio de rumbo, pero persisten en la polémica y adelantan que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, enviará nuevas misivas al ejecutivo regional, dada la "preocupación" existente. Advierte que "no va a tolerar ni consentir" ninguna medida en este sentido.
En un comunicado oficial enviado este viernes por la mañana, el Gobierno se refiere al escrito remitido por Mañueco y reproduce los pasajes donde el ejecutivo regional asegura que “nada se ha efectuado ni aprobado en su seno”. El ejecutivo interpreta la respuesta como un "acatamiento formal ante los requerimientos efectuados" que a su juicio "supone una rectificación oficial de la intención inicialmente manifestada". Pese a que el presidente castellanoleonés aseguró este miércoles que "inadmitía" el requerimiento por no existir el acuerdo sobre el citado protocolo, en el Ejecutivo dan por buena la respuesta y renuncian, de momento, a continuar la senda judicial abierta en los últimos días e iniciada con ese primer requerimiento.
Fuentes de Moncloa se atribuyen directamente esta "rectificación" de Mañueco y aseguran que "el Gobierno ha frenado los primeros intentos de la Junta de Castilla y León de imponer medidas que recortan los derechos de las mujeres y que vulneran la ley orgánica de 2010". Así, celebran que "triunfe la defensa del Gobierno de los derechos de las mujeres a ejercer su libertad sexual y reproductiva", aunque mantienen "la preocupación y la vigilancia".
Moncloa advierte a Mañueco
El Gobierno, no obstante, "reitera su preocupación por los anuncios y declaraciones de los máximos responsables de la Junta de Castilla y León" después de que ayer mismo Vox insistiera en este protocolo, que "en modo alguno el Gobierno de España va a tolerar ni consentir".
En este punto, el escrito gubernamental avanza que Bolaños "remitirá una carta al Consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León en la que se le recordará nuevamente" que el protocolo anunciado la semana pasada "resulta contrario a la legalidad vigente y a nuestro orden constitucional de distribución de competencias".
Además, adelanta que se le trasladará al ejecutivo autonómico que "si materializa, por cualquier vía, su intención de actuar al margen del actual marco normativo en materia de interrupción voluntaria del embarazo, el Gobierno de España actuará, como hasta la fecha, en defensa de sus propias competencias y del ejercicio pleno de los derechos y libertades de todas las mujeres". "A estos efectos -continúa-, el Gobierno se reserva la posibilidad de emprender cuantas acciones legales resulten oportunas".
Fuentes de Moncloa apuntan a que exigirán a la Junta de Castilla y Léon "máxima transparencia", y muestra sus recelos sobre la posibilidad de que el pretendido acuerdo anunciado se materialice finalmente. "Nos tememos que el PP sigue buscando una fórmula que dé respuesta a las exigencias de sus socios de Vox", señalan estas fuentes, que lanzan una clara advertencia: "No toleraremos otro intento".
