Los próximos funcionarios

Ignacio, Mónica, María Piedad, Diego y Alba se mostraban exultantes en su última visita a Plena inclusión Aragón. Después de tanto tiempo preparándose para convertirse en funcionarios, acudían para que sus formadoras les ayudasen a elegir plaza. Y, cómo no, para compartir con ellas su alegría.

En la “recta final, llena de emociones, siento una gran satisfacción”, comentaba María Piedad. Y es que, una vez superado con éxito el proceso selectivo, solo les queda esperar a la adjudicación definitiva de su plaza para incorporarse. Será “la recompensa a tanto esfuerzo”, aseguraba Ignacio. Para Alba, supone el comienzo de la “vida independiente”, mientras que, para Mónica, “es una oportunidad genial para poder trabajar”.

Estos jóvenes con discapacidad intelectual, formados por Plena inclusión Aragón, han logrado cinco de las once plazas ofertadas en la provincia de Zaragoza por la Administración General del Estado, en la convocatoria de 2019, para desempeñar tareas complementarias de apoyo. En estos momentos, y con cuatro años de retraso, 53 alumnos y alumnas se preparan con la asociación para la convocatoria de 2020.

No es el único grupo. El Servicio de Empleo Público de Plena inclusión Aragón también imparte clases de preparación de oposiciones para las convocatorias autonómicas de personal de servicios auxiliares, de servicios domésticos y de auxiliares administrativos. Todas ellas reservan plazas de empleo público accesible para las personas con discapacidad intelectual, en línea con lo que reclama este movimiento asociativo.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España, la tasa de empleo de las personas con discapacidad intelectual es 45 puntos inferior a la media de la población. Por ello, facilitar su acceso al empleo público es “una forma efectiva de garantizar sus derechos laborales, brindándoles las mismas oportunidades que al resto de la ciudadanía”, afirma Irene Escobedo, responsable del departamento de empleo de Plena inclusión Aragón.

Sin embargo, Escobedo lamenta que “las personas con discapacidad del desarrollo quedan excluidas de estas convocatorias, y no tienen una alternativa real para acceder en igualdad de condiciones al empleo público”. Y es que, para ellas, al igual que para las personas con discapacidad intelectual, esta garantía va más allá de reservarles el 2% de las plazas, como marca la ley. También es imprescindible la adaptación de las pruebas y la documentación, haciendo que sean accesibles para estas personas, una asignatura todavía pendiente en muchas administraciones públicas de España.