Una operación urbanística vincula a empresas de Zaragoza y Madrid

Brocover, la empresa que administran dos de los imputados en la Operación Molino --uno de ellos preso desde la noche del sábado--, tiene al menos un vínculo oficial con Gestión Urbanística Zaragoza, la firma de María Jesús Velilla, también detenida y a la que el juez le retiró el pasaporte tras dejarla libre. El fiscal le imputa un delito de tráfico de influencias.

El vínculo figura en una resolución de la alcaldesa de La Muela --María Victoria Pinilla, también arrestada en la operación por su presunta implicación en una trama de corrupción urbanística-- fechada el 19 de febrero y publicada el sábado en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ). La resolución saca a información pública el proyecto de estatutos y las Bases de Actuación de la Unidad de Ejecución 1 del sector residencial SR-1, un área --situada enfrente de la zona en la que viven la alcaldesa, su marido y su hijo mediano-- en la que Brocover proyecta construir 800 viviendas. El decreto de alcaldía hace referencia a una porción de 91.174 metros cuadrados del SR-1, una pastilla de suelo que se sitúa en el eje de las investigaciones del juez de La Almunia que desataron la Operación Molino.

Brocover tiene como administradores a Miguel Ángel García Casillas, que es quien firma la propuesta de estatutos y bases de actuación, y a José Carlos Fernández Delgado. El primero quedó el sábado en libertad, aunque con cargos, tras declarar ante el juez, y el segundo se convertía, tras el concejal Juan Carlos Rodrigo Vela, en el segundo detenido que ingresaba en prisión --sin fianza-- tras imputarle el fiscal los delitos de cohecho, blanqueo de dinero y falsificación de documentos.

La propuesta de estatutos remitida al Ayuntamiento de La Muela y publicada por este en el BOPZ indica que la Junta de Compensación que dirigirá la urbanización de la pastilla tendrá su domicilio en el mismo local de la calle Cádiz en el que tiene la sede Gestión Inmobiliaria Zaragoza.

María Jesús Velilla administra la sociedad, que también opera en Villanueva de Gállego, junto con uno de sus hijos. Otro de sus vástagos, Antonio Royo Velilla, se encuentra, como su madre, en libertad provisional y con el pasaporte retirado. El fiscal le imputa un delito de tráfico de influencias.

Royo trabaja para una firma de seguridad y está asignado el servicio de escolta al consejero de Medio Ambiente. En el último año hizo, con relativa frecuencia según fuentes de la DGA, preguntas a funcionarios sobre la situación de algunos informes ambientales que debían ser incorporados a expedientes sobre asuntos urbanísticos en La Muela que tramitaba la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio. Royo Velilla también ha sido empresario de la construcción: administró hasta 1996 Libra Encofrados, dedicada a comercializar material y maquinaria y de la que se hizo cargo su padre.