Las Cortes han aprobado por unanimidad 14 puntos del dictamen de la comisión creada para investigar las responsabilidades políticas sobre la depuración de aguas y una serie de recomendaciones, aunque ha habido 81 votos particulares y Podemos mantiene que la corrupción "no pasó de largo por Aragón".
La diputada de Podemos Marta de Santos, coordinadora de la comisión, ha aseverado en su intervención que el "modus operandi" desarrollado en torno a la organización, funcionamiento y gestión del saneamiento y depuración de aguas en la comunidad fue "el mismo que se investiga en varios juzgados de España".
Y ha añadido que la mayor parte de las empresas concesionarias de estas obras en Aragón están "implicadas en casos de corrupción, desde la Gürtel hasta Plaza y desde el Canal de Isabel II hasta el 3 % catalán".
De Santos ha señalado que el sistema elegido fue "deliberado" y con voluntad inequívoca de "saltarse los controles", que "nada" justifica que se fuera a un sistema concesional habiendo financiación y que la comisión ha ratificado "punto por punto" el "demoledor" informe de la Cámara de Cuentas, germen de la comisión parlamentaria de investigación.
"Si ello no basta para buscar responsabilidades es porque no se quieren encontrar", ha espetado De Santos, quien ha señalado a responsables "políticos" que no ha citado y quien ha concluido que la comisión ha servido para "esclarecer procedimientos y destapar modus operandi", aunque se mire "para otro lado".
La comisión de investigación se ha cerrado con catorce conclusiones que no han trascendido en el momento de su votación y una serie de recomendaciones después de más de un año en la que se han celebrado 23 reuniones por las que han pasado 72 comparecientes, entre ellos la exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona o el aragonesista Alfredo Boné, responsable de la ejecución del plan, que buscaban, si las había, responsabilidades políticas en el mismo.
La existencia de 81 votos particulares refleja la discrepancia de opiniones, dado que se han votado en bloques formados por PSOE, PP, Cs y PAR y otros por Podemos y el Grupo Mixto.
María Herrero, diputada del PAR, ha acusado a Podemos de haber visto "muchos fantasmas" en este asunto, con los mismos "que se van", y al término del debate, en el que ha defendido que la gestión fue "transparente y legal", ha aseverado que han estado en dos comisiones diferentes, lo que no significa, según De Santos, "que no haya pasado lo que ha pasado".
Herrero ha defendido el sistema concesional del Plan de Depuración, que fue un "éxito, salvo en la zona 10", del Matarraña y Caspe, que ha habido "muchos bulos" respecto a los costes y que el Plan Pirineos tuvo problemas pero se debieron "a la crisis", y ha concluido que faltando instalaciones por hacer en Aragón se ha estado "perdiendo el tiempo durante cuatro años".
También Fernando Ledesma, del PP ha ironizado con la actitud de Podemos, a quien ha aconsejado ir "a Cuarto milenio con Iker Jiménez a buscar fantasmas porque aquí, no hay ninguno".
Ledesma ha valorado que han aprendido mucho sobre depuración, que se depura más del 90 % de las aguas en Aragón y que en la gestión de los proyectos "titánicos" tiene la impresión de que se hubiera actuado de la misma forma con la realidad que había entonces, toda vez que ha negado que haya fracasado el sistema de concesión público privada y que si el Plan Pirineos no se ejecutó fue por falta de financiación.
Desde Cs, Jesús Sansó ha reconocido su "decepción" con este dictamen y ha dudado de que las responsabilidades políticas sean "imputables", al tiempo que ha señalado que la legislatura en materia de agua ha concluido con un "tres a cero" a favor del Gobierno, que se ha entretenido con la reforma del ICA, el Instituto Aragonés del Agua y esta comisión de investigación que sólo ha servido para "aprender" de depuración y que ha salido "muy cara" a los aragoneses.
Por el Grupo Mixto, Patricia Luquin (IU) ha resaltado la "falta de información o dificultad de acceder a ella" por parte del IAA, que hubo falta de financiación para acometer un plan "muy ambicioso" en el que nadie ha asumido sus responsabilidad y cuyas consecuencias están pagando los municipios que incumplen, y que el modelo concesional "fracasó".
Por su parte, Darío Villagrasa, del PSOE, ha señalado que la fórmula concesional beneficiaba la realización de las obras en breves periodos de tiempo y que la crisis económica afectó al plan de depuración y ha resaltado la apuesta del Gobierno de Aragón por la gestión pública de la depuración.
