Otros 9 exconsejeros de Plaza declaran como testigos por los sobrecostes de las naves

Uno de ellos ha sido el actual consejero de Economía del Gobierno de Aragón, Francisco Bono, quien ha contestado durante una hora a las preguntas que se le han formulado ante el juez que investiga los sobrecostes de las naves, que pasaron de presupuestarse inicialmente en poco más de 14 millones hasta los 32,3 millones finales.

Los otros han sido los exconsejeros socialistas de Economía Alberto Larraz y de Ciencia, Tecnología y Universidad María Teresa Verde; José Luis Rodrigo, que representaba a Ibercaja; Andrés Cuartero y José Luis Abad, exconsejeros delegados de la sociedad publica Zaragoza Alta Velocidad; Joaquín Torres y Fernando Herrando, por Caja Inmaculada (CAI), y el abogado de Plaza José María Figueras.

Al termino de su declaración judicial, Bono se ha negado a hacer valoraciones a los medios de comunicación sobre las cuestiones que le ha preguntado el juez y ha dicho: "No voy a hacer declaraciones, porque me parece una falta de respeto a lo que se hace en la sala".

"He contestado al juez todo lo que me ha preguntado", ha añadido el consejero, pero hay terceras personas que están imputadas y, por tanto, "lo que tenía que decir ya se lo he dicho al juez", ha enfatizado Bono, quien formó parte del consejo de administración como representante de Ibercaja.

No ha querido referirse a si en este caso se ha sentido engañado, como miembro del consejo de administración, por parte de los órganos ejecutivo y de gerencia de Plaza y ha vuelto a reclamar la necesidad de respetar los procesos judiciales.

Tras indicar que ha estado una hora, "más o menos como los demás", respondiendo a las preguntas, ha concluido diciendo que está satisfecho ya que ha contestado a lo que le han preguntado y "ya está".

Entre unos 40 y 50 minutos ha declarado la exconsejera del Gobierno María Teresa Verde ante el juez, quien le ha preguntado, según ha explicado ella misma a los medios, sobre los sobreprecios y otras cuestiones.

Antes de prestar testimonio ante el juez, ha señalado que "nunca" se explicó al consejo de administración el presunto desfase de 17,8 millones de euros en la ejecución de las naves y que toda la información se encuentra en las actas que recogían las reuniones.

Al respecto, ha señalado que ha repasado todas las actas y que sí recogían una ampliación de proyecto de construcción de las naves pero al mismo precio, que era "perfectamente asumible", pero lo que "no es asumible es si ha habido sobrecostes de otro tipo".

Ha recordado que el consejo tomaba las decisiones con la documentación aportada por los técnicos de Plaza, aunque no la "desmenuzaban al detalle", y que la información relativa a los sobrecostes ella no lo recuerda y tampoco figura en las actas.

Al respecto ha añadido que si la información que llegaba al consejo "no era la suficiente" ni "toda la que debía haberse dado" no lo sabe. "No puedo decir otra cosas", ha concluido Verde, quien formó parte del consejo de administración entre junio de 2004 y enero de 2010.

También ha hecho declaraciones a los medios Andrés Cuartero, quien ha prestado testimonio ante el juez durante sólo unos cinco y diez minutos, ya que durante su permanencia en el consejo, entre el verano de 2004 y otoño de 2005, se adjudico el proyecto de las naves pero su desarrollo fue posterior.

A su juicio, todo lo relativo a este caso está en las actas y lo que hay que hacer es "leerlas bien y de ahí deducir", ya que lo que está en duda es si están justificados o no los sobrecostes de las naves.

El juez ha citado a declarar esta semana como testigos a los 27 miembros que formaron parte del consejo de administración entre 2005 y 2010 para responder por los sobrecostes de las naves, que fueron construidas por Codesport, sociedad del empresario Agapito Iglesias, propietario del Real Zaragoza.

Según la denuncia presentada por la actual dirección de Plaza, el coste final de las 119 naves fue de 32,3 millones de euros, 17,8 millones más de lo presupuestado inicialmente, lo que podría suponer una presunta malversación de fondos públicos.

Por este asunto, el juez ha imputado a Agapito Iglesias, Ricardo García Becerril, exgerente de Plaza, y Carlos Esco, exconsejero delegado de la sociedad pública y exviceconsejero de Obras Públicas, a quienes el juez ha impuesto una fianza de 18,85 millones de euros por su responsabilidad civil al entender que hay indicios de criminalidad suficientes.