Las asociaciones que representan a los denominados reservistas de especial disponibilidad (RED), los militares que, por contrato, deben dejar obligatoriamente el Ejército al cumplir los 45 años, preparan una campaña de movilizaciones que empezará el próximo 8 de febrero en Madrid. Ese día han convocado una manifestación en la capital para exigir al Gobierno central que facilite salidas laborales dignas a los soldados temporales una vez se incorporen a la vida civil. La concentración ha sido convocada por la Asociación Profesional Unión de Militares de Tropa-UMT, mientras que la Asociación de Reservistas de Especial Disponibilidad @RED45+ ha manifestado su apoyo a la misma.

Mantienen que los puestos que dejan vacantes en los cuerpos y armas donde han prestado servicio se cubren a menudo mediante subcontratas, externalizando funciones típicamente militares y encareciendo el coste de las mismas.

En Aragón existen actualmente 143 militares en esta categoría, pero su número crecerá rápidamente durante los próximos años y en el 2036 serán ya 3.685, según cálculos realizados por la Asociación de Reservistas de Especial Disponibilidad @RED45+. Esa cifra podría ser superior si se le suman los denominados retornados, los militares aragoneses destinados fuera de la comunidad y que, previsiblemente, volverán a su tierra una vez concluya su periodo castrense. A nivel nacional, la cifra se eleva a 4.000 en la actualidad, con una previsión de llegar a ser alrededor de 50.000 a mediados de la cuarta década del siglo.

«El Ministerio de Defensa no ha cumplido su compromiso de proporcionar una salida laboral a los reservistas, ni les ha dado la formación y la inserción que prometió», denuncia Juan Marcos García Rodríguez, presidente de @RED45+, que explica que los militares temporales ingresaron en filas a principios del siglo XXI, antes de la crisis económica, cuando el Ejército español necesitaba reforzar sus efectivos.

En la actualidad, los reservistas (que salen con el grado de soldado, cabo y cabo primero) perciben una asignación mensual de 640 euros, que no tiene carácter contributivo y, por lo tanto, no computa a efectos de jubilación.

García Rodríguez considera que esa paga les condena a llevar una vida precaria, al tiempo que suponen una carga para el Estado. Por este motivo, su asociación, al igual que el resto de entidades que reivindican los derechos de los reservistas, propone que se busquen soluciones.

Soluciones posibles

«Una de ellas, a medio o largo plazo, sería igualar la asignación con el salario mínimo, pero otra forma de resolver el problema sería fomentando la contratación de reservistas por parte de otras administraciones, cuerpos e instituciones públicas, como pueden ser la Policía Nacional, Bomberos o el parque móvil de las diputaciones», apunta el responsable de @RED45+.

Otra opción, continúa García Rodríguez, pasaría por establecer porcentajes de contratación de reservistas en empresas dependientes de la Administración. También cabría la posibilidad, desde su punto de vista, de que, una vez cumplidos los 45 años, estos militares temporales pasaran a una situación de segunda actividad dentro del Ejército. «Hay una serie de labores, como la vigilancia de edificios, las tareas administrativas o el mantenimiento de instalaciones y vehículos que son competencia de militares», subraya. Esa continuidad, indica, les permitirá seguir dentro de su especialidad, en la escala de tropa, hasta alcanzar la edad de la jubilación.

«Hay soluciones para este problema antes de que explote, pero para abordarlas hace falta voluntad de querer hacerlo», mantiene García Rodríguez, que a sus 42 años es soldado raso y se encuentra pendiente de la asignación de destino. «Lo malo es que pasa el tiempo y la mayoría de los compañeros que llegan a los 45 años se quedan descolgados tanto de la vida militar como de la civil», lamenta.

Los cupos reservados en otros cuerpos no se cumplen, según la asociación ATME

Los cupos reservados a antiguos militares en distintos cuerpos, tanto de carácter civil como castrense, no llegan a cumplirse totalmente y se quedan en ocasiones a gran distancia de los objetivos recogidos por la Ley de Tropa y Marinería, según ha denunciado reiteradamente la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME).

Por ejemplo, de las 580 plazas para reservistas del Cuerpo Nacional de Policía en el año 2018, solo 27 las consiguieron antiguos militares, según señala Francisco Javier Usón, secretario de ATME y delegado de la entidad en Aragón.

Esta situación, que no es exclusiva de la Policía Nacional, ha llevado a la asociación a iniciar acciones legales que no descarta llevar a tribunales europeos.

Según las estadísticas que maneja ATME, desde el 2010, de las 2.605 plazas convocadas para acceso reservado a la Policía Nacional solo se han cubierto 85, es decir, el 3,3%, una cifra que Usón considera «irrisoria».

En la Guardia Civil, que por ley debe reservar un 50% de las plazas convocadas, la situación es muy distinta, como lo demuestra el hecho de que en el 2019, de las 884 vacantes en juego, un total de 513 fueron a parar a reservistas del Ejército.

«Se trata de un problema complejo que tiene muchos aspectos», subraya el delegado de ATME en Aragón. «No solo es una cuestión de porcentajes, ya que entran en consideración cuestiones curriculares, académicas, sindicales y legales», explica.

En unas ocasiones, determinados cuerpos públicos alegan un temor a la militarización de sus efectivos. En otras, la propia escasez de las plazas disponibles hace que las formas de acceso resulten duras para todos los aspirantes, independientemente de su procedencia o formación.