Multi-Inversiones 2010 no tiene liquidez suficiente para pagar los 6,7 millones de euros que debe a Plaza por el suelo en el que está instalado Decathlon. La empresa, propiedad del socio de Agapito Iglesias, Javier Bacazo, ha pedido a la plataforma logística un año para poder cumplir con sus obligaciones. El consejero de administración que se reunió ayer acordó darle como máximo cuatro meses para pagar.

Multi-Inversiones fue creada por el dueño de Codesport y ya expropietario del Real Zaragoza con el fin de cederle su principal activo, el contrato de alquiler de Decathlon. Iglesias la registró justo antes del concurso de acreedores en el que entró su principal sociedad. El acuerdo de compra del suelo, que ascendió a 12,8 millones, contemplaba un pago mensual de 100.000 euros a Plaza hasta que venza el último pago, el de los 6,7 millones de euros, el 31 de julio del 2014.

La falta de ingresos de esta sociedad está detrás de su falta de liquidez de Multi-Inversiones 2010, según se informó ayer en el consejo de administración. Esta empresa no logra financiación para saldar su deuda, que asciende a 26 millones, contraída en su mayor parte con Codesport por la construcción de la nave --donde está Decathlon-- y con Plaza por la compra del suelo. Los pagos que recibe Multi-Inversiones por el alquiler no son suficientes para saldar su deuda, puesto que los ingresos se destinan a cumplir con otras obligaciones anteriores.

El impago supondrá un duro varapalo a las ya de por sí maltrechas cuentas de Plaza, que se verán privadas de un ingreso de 6,7 millones. Teniendo en cuenta la situación del mercado inmobiliario, esta era una de las operaciones más importantes para la plataforma. Según explicó ayer el presidente del consejo, Rafael Fernández de Alarcón, se está en negociaciones con hasta ocho empresas para la venta de naves.Aún no se ha cerrado ninguna operación.

En el apartado económico, en el consejo de administración también se dio cuenta del plan de viabilidad, que fue aprobado por unanimidad y sin debate. Y eso que en la anterior reunión se pidió su retirada porque los miembros del órgano no habían tenido suficiente tiempo para su estudio. El documento, tal como adelantó este diario, prevé unas pérdidas para la sociedad pública de 49,8 millones de euros hasta el 2018. En el 2014 se perderán 11,5 millones.