El Parlamento Europeo debatirá eliminar la multa de 250.000 euros por refugiado no acogido en las nuevas normas de reparto de demandantes de asilo, informó ayer la ponente de este informe, la eurodiputada liberal sueca Cecilia Wikström. «No es ético poner un precio a una persona», aseguró, y es más conveniente buscar alternativas, como el bloqueo de fondos estructurales para los países insolidarios en el sistema de reparto de demandantes de asilo. Wikström es la encargada del informe sobre este asunto en la Eurocámara que, como el Consejo, deben aprobar las nuevas normas de reparto de refugiados propuestas por la Comisión Europea en el pasado mes de mayo.