Casi la mitad de las comunidades autónomas, ocho de las 17, comenzará el año que viene sin presupuestos y en un buen número de casos porque el panorama político se ha complicado ante la proximidad de las elecciones de mayo, que dificultan las relaciones entre partidos que han sido socios. Los gobiernos socialistas de Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón, y los del PP de La Rioja y Castilla y León están sin cuentas y a las puertas de la campaña electoral. Se les suman Cataluña, país Vasco y Andalucía, que no tienen autonómicas en 2019 y están sin presupuestos por motivos distintos.
La prórroga de las cuentas del 2018 no tiene por qué ser definitiva; es posible que se apruebe un presupuesto en los primeros meses del año, pero el calendario se estrecha porque a finales de marzo se disolverán los parlamentos por la celebración de los comicios. Quizá sea el caso del gobierno del extremeño Guillermo Fernández Vara, que podría lograr un acuerdo con Podemos en enero aunque de momento las negociaciones no avanzan.
El Gobierno castellano-manchego de Emiliano García-Page, compartido con Podemos desde el año pasado, se excusa en que no puede presentar unas cuentas sin que estén aprobadas las del Estado, que fijan objetivos de estabilidad y las cifras de la financiación autonómica, porque no serían «reales». Este es también el mismo argumento del Ejecutivo de Castilla y León, gobernado por el PP. Su presidente, Juan Vicente Herrera, se despide del cargo sin dejar presupuestos a su sucesor. Herrera ha pactado toda la legislatura con Cs, pero esta vez no se ha iniciado ni la negociación.
No lo tiene tampoco fácil el riojano José Ignacio Ceniceros, que aprobó, aunque tarde, los tres presupuestos pasados gracias también a Cs; esta vez, la formación naranja se ha cerrado en banda acusando al PP de deslealtad y Ceniceros no presentará ni el proyecto: quiere evitar «que sea un instrumento para ningún partido, ni que forme parte de la campaña».
