El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, dejó claro ayer en Chiclana que su proyecto político «es para años, no para meses», rechazando así cualquier posibilidad de un adelanto electoral si no logra sacar adelante los Presupuestos generales. En un acto para respaldar a la candidata socialista, Sánchez apuntó que con la moción de censura de junio se abrió un «cambio de época», y aseveró que su objetivo es «ganar una década» y poner fin así a las «políticas injustas» que aplicó el PP, con apoyo de Cs, a su paso por la Moncloa.
El de Chiclana de la Frontera, gobernada por el único alcalde de la provincia que apoyó al líder socialista en las primarias, será el único acto que compartan en teoría durante esta campaña el presidente Sánchez y la candidata Susana Díaz. Una agenda internacional endiablada redujo la presencia a dos mítines, justo en las dos provincias donde más apoyos internos tuvo en las primarias: Cádiz, donde el PSOE aspira a consolidar los 6 de los 15 escaños en liza, y Málaga. Pero una cumbre extraordinaria europea sobre el brexit deja en el aire el segundo de los mítines, por lo que el equipo de Ferraz trata de encajar otra fecha.
EL PLAN B
El plan b de Pedro Sánchez para resistir en el Gobierno sin Presupuestos parece tener el camino algo más despejado después de que ERC y el PDECat confirmaran ayer que no se cierran a la posibilidad de apoyar algunas de las medidas económicas y sociales planteadas por el Ejecutivo del PSOE si se tramitan al margen del proyecto presupuestario. Sería el caso de la subida del salario mínimo a 900 euros, que al igual que otras de las reformas acordadas con Podemos, Sánchez prevé aprobar mediante decretos ley si carece de apoyos para sacar adelante las cuentas del 2019.
El presidente del PDECat, David Bonvehí, y el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, confirmaron ayer la disposición de sus respectivos grupos a negociar el sí a estas medidas después de certificar el no rotundo a cualquier negociación sobre los Presupuestos. La falta de ese «gesto» que reclamaban los partidos independentistas al Gobierno respecto a los políticos presos no hace, pues, inviable que ambas formaciones puedan avalar decretos que «mejoren las condiciones de vida de la gente».
Aparte del incremento del salario mínimo, otras medidas que podrían promoverse vía decreto son la de fomento del alquiler. La puesta en marcha de un parque público de viviendas sociales y dotar de potestad a los ayuntamientos para que pongan un tope a los precios del alquiler podrían aprobarse sin coste para el Estado. También se podría validar la prórroga al impuesto de patrimonio, porque el Gobierno lo hace ya anualmente para que las autonomías que tienen este gravamen puedan aplicarlo.
Mientras este acuerdo no llega, la batalla política continúa en Andalucía. En este sentido, ayer, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reprochó a las formaciones de derecha que con su «abandono de la moderación» y su «irresponsabilidad política» estén fomentando el crecimiento de la extrema derecha.
