Pero ¿quién es este hombre, de parche pirata, gorra inglesa, carpeta para cubrirse la cara, como recién salido de un viejo tebeo, una película de espías o policías y ladrones? Parece un Anacleto diseñado por sí mismo con gran sentido del teatro, la propaganda, el escándalo. El antes laureado comisario, hoy jubilado, pidió en 1983 una excedencia de diez años por negocios. Dicen que dijo Felipe González que «el Estado de derecho también se defiende en las alcantarillas»; inevitable, pero da mucho miedo. Porque nos pueden someter a una «democracia tutelada». Las cloacas, como en todos los gobiernos del mundo, sirven a veces para usar fondos reservados en operaciones sólo controladas por una comisión parlamentaria cuyo trabajo está prohibido divulgar. Sólo sabemos que entre todos los responsables políticos y funcionarios (CNI, Policía, Guardia Civil, Defensa y Exteriores) disponen para secretos de casi 30 millones.

Saltaron todas las alarmas al anunciar la Audiencia Nacional que se iba a levantar el secreto en la macrocausa que investigaba a Villarejo, en la cárcel de Estremera desde noviembre de 2017. Los negocios ilegales del excomisario eran «un alto riesgo para las instituciones y para la propia seguridad del Estado». Se enfrentaba a dos docenas de causas --cien años de cárcel-- por cohecho, blanqueo, falsedad documental, revelación de secretos, y amenazaba con su disco duro y sus agendas. Porque Villarejo aunque no encubierto, fue un agente especial, con 14 empresas que el Estado utilizaría como tapaderas: se habló de un parque temático en Córdoba, una consultoría, una clínica dental, una agencia de modelos, negocios en Venezuela, Uruguay y Panamá Y por eso se le permitió compatibilizar su labor en la Policía con ese entramado cuando decidió reingresar, en 1993, rentabilizando Cenyt, la empresa de cabecera, de servicios de seguridad o detective privado. En sus métodos: escuchas, acceso irregular a ficheros, seguimientos, informes parapoliciales, por los que cobraba facturas millonarias. Todo se camuflaba como servicios de gestión de crisis u «honorarios por servicios profesionales de asesoramiento».

¿Quién es este hombre, de parche pirata y gorra inglesa como recién salido de un viejo tebeo?

La telaraña de relaciones con poderosos era tremenda, con encargos como el del BBVA, al que durante un tiempo facturaba todos los meses 60.000 euros, parece que por torpedear un cambio en el consejo de administración del banco mediante espionaje ilegal a políticos socialistas, empresarios y periodistas. Ofreció contacto con el traficante de armas Monzer Al Kassar, ayudó a detener al narcotraficante Laureano Oubiña. Siempre en la cuerda floja: fue destituido como Inspector Jefe por un informe para desacreditar al juez Garzón, que se ocupaba de los GAL. Espió para la examante de Juan Carlos I, Corinna zu Sayn-Wittgenstein acusada de calumnias y denuncia falsa contra el ex director del CNI, Sanz Roldán; supo de los líos del pequeño Nicolás, o la empresa estatal de petróleo de Guinea Ecuatorial. Y lo mismo atendía a un despacho de abogados para espiar a un bufete rival que a empresarios para evitar una extradición. O lograba declaraciones de la expareja de Jordi Pujol Ferrusola para investigar y extorsionar a éste.

O investigaba a Luis del Rivero presidente de Sacyr, para frustrar el pacto con la mexicana Pemex y controlar Repsol SA, asunto que esta compartió con Caixabank. Y trabajó para Iberdrola Renovables para investigar a una empresa suiza con la que la eléctrica se alió para proyectos en Rumanía. Su presidente, Sánchez Galán, ha dicho: «No hay nada en la compañía que no sea conforme con la ley». Pero ¿pagó hasta 2017 más de un millón de euros a una empresa de Villarejo? Todos los empresarios del Ibex 35 han sido exonerados. En el mundo policial, una tupida red de colegas o antiguos policías trabajó a su servicio. En la última década se encargó desde 2012 al lado del ministro del Interior Fernández Díaz, de buscar y difundir falsos rumores sobre independentistas catalanes para desacreditarles. Eugenio Pino, responsable de esa Policía patriótica afirma que en 2015 intentó destituir a Villarejo por la guerra interna que mantenía con otro comisario, pero no pudo, porque el ministro le advirtió que Rajoy se le había quejado del trato a Villarejo: «Lo estás tratando mal»… Aparece al fondo de otras operaciones relacionadas con la corrupción del PP, como la Kitchen para torpedear las investigaciones de las tramas de corrupción y destruir pruebas que les involucraban. Ya en 2013 fue la rocambolesca operación para sustraer documentos a Bárcenas en prisión: soborno al chófer, su familia secuestrada por un falso cura, hurto de la agenda del extesorero, con la contabilidad ‘B’ del partido y notas sobre su financiación irregular.

Añadamos el odio cartaginés a Pablo Iglesias, entonces líder de Podemos: el caso Dina: se filtraron sus conversaciones privadas, cuanto pudiera perjudicarle. En abril de 2016, en Nueva York, agentes españoles ofrecían un salvoconducto a la familia del exministro chavista Rafael Isea a cambio de información para dañar al partido morado. Y se fabricó el dossier PISA denunciando sin pruebas la «financiación ilegal de Podemos». En la promoción de Cifuentes a presidenta de Madrid, se personó con su asociación: Transparencia y Justicia… El juez del caso Villarejo, García Castellón, dictó el 29 de julio un auto procesando al ex ministro Fernández Díaz y parte de su cúpula policial (¿hubo saqueo de fondos para lucro personal?), a la vez que archivaba la imputación de la ex número dos del PP María Dolores de Cospedal, con quien Villarejo tuvo mucho trato y «encargos puntuales», y daba por terminadas esas pesquisas. Hemos barajado muchos datos de prensa virtual. Ignacio Escolar de elDiario.es, escribe: «Ningún cese. Ninguna dimisión. Ninguna disculpa. Ninguna explicación». El caso «sigue avanzando en los juzgados, ante la impunidad de los principales responsables de unas tropelías difíciles siquiera de imaginar… El actual líder del PP se niega siquiera a contestar.