Tiene este ministro de Universidades muchos títulos y actividades en Madrid y Barcelona, París y Cambridge, Oxford y Massachusetts. Sociólogo eminente, miembro de Academias españolas, británica, de Estados Unidos, mexicana, su caminar cachazudo, de pronto ochenta años, y su mente lúcida, llena de ideas y experiencias, gusta, da confianza. No tanto por los reconocimientos (doctor honoris causa por 23 universidades, profesor invitado en 45 países), o por su ingente obra: 26 libros, principal para mí la trilogía La Era de la Información: Economía, sociedad y cultura, traducida a 21 idiomas.

La ley Castells

Dijeron que no hacía nada, porque pensar no se considera: echaba humo, concretado en una ley incompleta pero gran paso en tema casi abandonado desde hace diecinueve años y quinientas bolonias. Se busca la excelencia, modernizar y hacer más accesible la educación superior y dotarla de mayor financiación. Es la tercera gran modificación del sistema universitario español desde la democracia, y trata de adaptarlo a cambios profundos en la sociedad. Ojalá.

La elección de rectores, ya no serán necesariamente catedráticos y por no más de seis años; a elegir entre dos sistemas: por sufragio universal ponderado o mediante un órgano específico, tipo Consejo Social. No debería dejar elegir: es dejar dudar o influir. Y que los títulos los firme cada rector, no el Rey ni siquiera el ministro. Ya grita la derecha. Cambios en la nefasta evaluación de investigación; más oposiciones y con tribunales en su mayoría de otros campus y elegidos por sorteo que eviten corporativismo gremial, endogamias y corruptelas. Ni me lo creo…

Los docentes son 125.471, la mitad de más de 50 años y apenas el 20 % menos de 40. Hay demasiados precarios profesores asociados —22.871, el 23,6% de la plantilla en el curso 2016-17 y creciendo con la crisis— y los jóvenes talentos siguen emigrando, o con jornadas de sueldos irrisorios. Urge reducir la contratación temporal, rebajándola del actual 40% al 20% y alzando el porcentaje de funcionarios al 55%. Reorganizada la carrera académica en tres niveles: Ayudante Doctor, Titular y Catedrático, debe procurarse su movilidad docente e investigadora, manteniendo paridad entre mujeres y hombres en los órganos colegiados, discriminación positiva siempre que sea posible. Más protestas va habiendo. Y todo ello respetando las competencias autonómicas y la autonomía de las propias universidades.

En cuanto a los estudiantes, se quiere aumentar la calidad de los títulos de grado y máster, facilitar el acceso a la educación superior mejorando la política de becas. Habrá consejo de estudiantes propio, y un sitio en el Consejo de Universidades. Alianzas interuniversitarias tipo Erasmus, un gran éxito en peligro por la pandemia. Castells aporta la idea de frenar la despoblación y rejuvenecer las zonas rurales con universitarios que estudien y hagan prácticas allí (es el Erasmus rural que nuestra Universidad puso en marcha con la DPZ). Tender a la reducción de precios públicos, y de la disparidad entre comunidades autónomas, mientras llega la utópica gratuidad. ¿Y los planes de estudio? Cuenten quienes han tenido que trasladarse…

De las grandes limitaciones de su ministerio, el ministro es muy consciente del casi vaciado por la división en dos con Ciencia e Innovación. Por eso colaboran los dos ministros, y el Estatuto del Personal Docente e Investigador se hace con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. Sabe con lo poco que cuenta y quiere utilizar la UNED, la Universidad Menéndez Pelayo. Actualmente el presupuesto de gasto de las universidades españolas se sitúa en torno a los 9.000 millones de euros (2018), de los que un 67% son gastos de personal. ¿Es posible incrementar la financiación de las universidades públicas hasta el 5% del PIB en una década?. Se procurará una vinculación más estrecha con las empresas, títulos oficiales más enfocados al mercado laboral, minicursos de formación para desempleados. Y lograr más financiación privada, mediante mecenazgos y patrocinios y convenios, amén de ofrecer transferencia y conexión entre la formación profesional superior y la Universidad. Hora era.

En métodos de enseñanza, santa libertad, quizá excesiva, cree se debe dejar algo al margen la memoria, y facilitar la enseñanza online, tan positivamente experimentada en tiempos de pandemia. Está en cambio a favor de la memoria democrática, y debe decirse. Rabie quien rabie.

Se atreve a plantear que las Universidades privadas se sometan a criterios académicos con un nivel mínimo y alta investigación y prácticas, si quieren seguir teniendo esa condición o, en cinco años pasarán a ser "centros de estudios superiores". Y ojalá fueren como esos grandes colleges americanos…

«Sin investigación no hay universidad», Castells dixit, recalcando la obligación de que destinen un mínimo del 5% de su presupuesto a la investigación, potencien conexiones internacionales y apoyen a jóvenes investigadores. Y exige que sean de libre acceso todos los archivos, públicos y privados, o dejen de recibir ayudas y legalización. También será preciso organizar mejor el sistema de archivos y bibliotecas en red.

De docencia, casi nada se dice y es la razón de los salarios y la actividad central, aunque se desliza la equiparación entre los méritos de docencia y los de investigación. Pero muchos docentes excelentes no se dedican a otra cosa, y hay investigadores que querrían no tener la dura obligación de dar clases. A ver cómo.

Se considera como falta muy grave el plagio de Trabajos de Fin de Grado, de Máster o Tesis Doctoral, apoderarse indebidamente del contenido de exámenes, etc. ¿Oyen? Y que la resolución de conflictos tenga un enfoque democrático. A ver si así no vuelven a repetirse vergonzosas situaciones como las ocurridas en la madrileña rey Juan Carlos (a ver qué pasa con ese nombre), concediendo titulaciones falsas, y allí y en otras «Grados, tesis y publicaciones aceleradas», por no insistir (no sirvió de nada) en los plagios y las firmas ilegales de documentos sin terminar la carrera. Nadie hizo nada al respecto: ¿se pudo y no se quiso, se quiso y no se pudo?

Quizá mis cuarenta años como profesor de nuestra Universidad me hayan permitido comprender y explicar bien estas mejoras. También me hicieron escéptico, desconfiado, porque muchos de esos proyectos, propósitos, palabras, los hemos oído muchas veces, en planes anteriores, mítines, programas electorales. Y lo que se precisa ante todo es, de eso trata la ley, buena gestión, limpia actuación… y supervisión. Porque yo sólo recibí una inspección en toda mi vida académica.