Las imágenes de Rodrigo Rato tocando triunfal la campanilla de salida a bolsa de Caja Madrid, forzada su cabeza a entrar en el coche policial, tuvieron un eco explosivo. No era frecuente ver esposado a un banquero, exvicepresidente del gobierno y directivo del Banco Mundial, FMI y BID. ¿Qué estaba ocurriendo en el mundo de la banca? Porque de Rato y sus socios ya fuimos sabiendo. La acusación popular rugió en el caso de las tarjetas opacas (black) con las que 65 exconsejeros y exdirectivos sufragaron gastos particulares por un total de 12 millones de euros. Rato sería condenado a cuatro años y medio de cárcel; y el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, condenado a seis años de prisión, se suicidó el 19 de julio de 2017.

Rato y los banqueros

Fueron contadas en el siglo pasado las sanciones, muchas veces políticas, a banqueros. Franco se llevó bien con los bancos, y ellos con él. Ya en democracia, escandalizaron los procesos de Ruiz-Mateos, Mario Conde, Javier de la Rosa, Manuel de la Concha, Mariano Rubio, Alberto Cortina y Alberto Alcocer; la politización que Pujol hizo del fiasco de Banca Catalana, intervenido y saneado por el Estado con casi 350.000 millones. O el delito de denuncia falsa indultado en 2011 por Zapatero a Alfredo Sáenz, consejero del Santander.

Había entrado el sector en una crisis (1977-1985), que llevó a la desaparición de 56 de los 110 bancos, con un coste de 8.414 millones de euros. Luego, a partir de 2008, fueron enormes las ayudas otorgadas a la banca por el Gobierno «para salvar la economía», a través del Fondo de Reestructuración Bancaria: de 61.495 millones de euros en ayudas directas al sector financiero (56.000 públicos), de momento se ha recuperado una décima parte. Por otra parte, Europa ha obligado a España a contabilizar las deudas y pérdidas de Sareb, ese semipúblico banco malo, lleno de activos tóxicos y que disparó nuestra deuda. El Tribunal Superior de Justicia de la UE, en Luxemburgo, ha dictado tambén fuertes cambios al sector financiero, exigiendo la devolución con retroactividad total de lo cobrado por cláusulas suelo opacas, acabando con el blindaje de la banca española en la regulación hipotecaria española.

Seis banqueros figuraban entre los 25 empresarios más influyentes de España en una reciente lista: Ana Botín (Santander), Jordi Gual (CaixaBank), Hernández de Cos (gobernador del Banco de España), J.I.Goirigolzarri (Bankia), Josep Oliu (Banco Sabadell), C. Torres Vila. (BVA). A la cabeza de los 163 banqueros españoles que ganaban, la mayoría, entre uno y dos millones al año, la señora Botín cobra casi diez anuales.

Han mirado hacia la banca los españoles ante los escándalos de presidentes y altos cargos llamados a declarar, cobrando cantidades desmesuradas por jubilación, sueldos, etc.; y en ese entramado, muchos de los grandes banqueros y empresarios se vigilan por espías y recurren a operaciones detectivescas como las que describíamos la semana pasada del comisario Villarejo. Es tan grande el enfado de la gente que están cambiando algo las cosas.

Las cajas de ahorro

La ley fue aplicada con más rigor a las cajas de ahorro, que habían llegado a ser el 50% del mercado financiero; sin ánimo de lucro y con fines sociales, tras casi dos siglos de actuación, la crisis financiera dio fin a un proceso, aumentado por la burbuja, la estafa de las preferentes, la bancarización, la corrupción urbanística, la insolvencia y su creciente politización. Y fueron devoradas por sus grandes enemigos, los bancos. De las más de 300 en 2005, quedaban unas 45 antes de la crisis y hoy solo dos menores. La desaparición de las cajas supuso un rescate bancario de la UE de 41.300 millones de euros. Un altísimo coste monetario y social. Ante la drástica reducción de la Obra Social, iban perdiendo su razón de ser y se vieron forzadas a convertirse en fundaciones o bancos. La mayoría, los más fuertes, como nuestra Ibecaja, optaron por lo segundo. Y se fusionaron con otros bancos y cajas, creando trece grupos bancarios: Santander, BBVA, Sabadell, Popular, Ibercaja, Kutxabank, Bankinter, Abanca, Cajamar, Liberbank que tras su fusión con Unicaja es el quinto banco español. Y CaixaBank que absorbió Bankia, y debe devolver más de 24.000 millones de euros.

Los casos judiciales más sonados fueron los de cinco exdirectivos de Novacaixagalicia Banco, condenados a dos años de cárcel por prejubilaciones, gestión desleal, cobro de 18,9 millones de euros (debían devolver más de diez). Cuatro exdirectivos de Caixa Penedès por engordar sus pensiones millonarias de forma irregular fueron condenados a penas de 1 a 2 años, pero reconocieron los hechos y devolvieron los 28,6 millones. Se condenó a la cúpula de Caja de Ahorros del Mediterráneo, a hasta cuatro años de prisión por distorsionar los estados contables (la sentencia recurrida en el Supremo, entró en prisión el exdirector general, pero salió en 2013 de Navalcarnero tras pagar una fianza de 1,5 millones). El expresidente de Caja Castilla la Mancha y el exdirector general fueron condenados a dos años y una pequeña multa por falsear las cuentas. La antigua cúpula de CatalunyaCaixa (expresidente Narcís Serra, y otros 39 miembros del consejo), fue enjuiciada por los sobresueldos aprobados para ellos cuando la entidad ya estaba en crisis.

El caso CAI

El 12 de diciembre de 2013, la Asamblea General de Caja Inmaculada aprobó la transformación de la entidad en una fundación, que frenó pero no impidió la deriva de esta centenaria entidad aragonesa, con 250 oficinas, la mayoría en Aragón y 1300 empleados. Acusada la Fundación de heredar la «mala gestión» de la Inmaculada, un grupo de trabajadores exigía la retirada del ERE y la continuidad de los tres centros que se querían cerrar: la entidad fue absorbida finalmente por Ibercaja en el 2014.

La Audiencia Provincial de Zaragoza condenaría a cuatro años de prisión por apropiación indebida en gestiones inmobiliarias a costa de la entidad a los antiguos responsables de CAI: director, subdirector, y un abogado. Absueltos de administración desleal y estafa, se les consideró responsables de un daño patrimonial a la entidad de 6,3 millones de euros (que debían devolver) por operaciones inmobiliarias irregulares, gastos personales cargados a la entidad, conseguir créditos sin garantías, y abonar parte de viajes a familias de directivos. Se pasó por alto una pensión vitalicia de 160.000 euros al año de indemnización a un exdirectivo, por la rescisión de su contrato de alta dirección. Fuentes sindicales del sector lo juzgaron acorde a las indemnizaciones de exdirectivos pero que colisionaba en una entidad con ayudas públicas (en bonos convertibles) por valor de 407 millones, y un severo recorte de gastos y plantilla.

Decía no ha mucho la señora Botín, que tenía la sensación de que la banca no era muy querida en España. No andaba muy desencaminada, en unos años en que los bancos piden ayudas que no sabemos si devolverán, jubilan o cesan a miles de empleados para mejorar sus ganancias mientras altos cargos se asignan jubilaciones de oro, y suprimen cientos de agencias y sucursales, sobre todo en los pueblos pequeños y alejados de centros urbanos, que quedan desvalidos. Es cierto: la banca no tiene fines sociales, paga intereses muy bajos y no cuida a sus pequeños ahorradores sino a hipotecas y grandes inversores.