Miles de agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, las Policías locales y las autonómicas participaron ayer en una marcha en Madrid para manifestar su oposición a la reforma que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos quiere hacer a la Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2015. Ha sido la segunda vez en una semana –la anterior fueron concentraciones frente a las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno– que la asociación Jusapol convocó para exigir, grosso modo, que no dejen a las fuerzas y cuerpos de seguridad «desprotegidas» e «indefensas» ante «los delincuentes». Tal cual.

Ante la desmemoria social generalizada, conviene tener en cuenta que esta norma, conocida como Ley Mordaza, fue pergeñada siendo ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, cuya relación y la de algunos de sus mandos policiales con la corrupción y las malas praxis profesionales han sido más que probadas. Se aprobó con el voto en contra de todos los partidos que conformaban la oposición parlamentaria y contó con la desaprobación de numerosos organismos internacionales.

En fase de tramitación del proyecto de ley, varios expertos en Derechos Humanos de la ONU ya alertaron del enorme retroceso para las libertades en España que supondría su aprobación. Amnistía Internacional consideró que la norma estaba hecha para favorecer la discrecionalidad policial y para la desmovilización ciudadana. El Consejo de Europa la creyó «arbitraria y desproporcionada», exigió una redacción más clara y garantista, y directamente la tachó de coartar los derechos de libertad de expresión y manifestación pacífica en España. Por no hablar de que la Fiscalía General del Estado llegó a considerar sospechosos de anticonstitucionalidad algunos de los artículos.

Con estos antecedentes, y seis años después de su puesta en marcha, hay quienes cifran en 400 millones de euros la recaudación de la Ley Mordaza, aunque lo más llamativo no deja de ser que casi el 70% de las sanciones se hayan impuesto por desobediencia o resistencia a la autoridad y por falta de respeto a los agentes.

Si a esto se añade que muchas de las reivindicaciones de los manifestantes están basadas sobre falsedades que no recoge la reforma, y que además cuentan con el apoyo incondicional de los partidos de la derecha y la ultraderecha, el aroma a campaña contra el Ejecutivo de estas marchas es manifiesto. Pero a la vez también es una muestra palmaria de cómo avanza la radicalización en las fuerzas de seguridad. Jusapol, que nació como asociación para defender la equiparación salarial entre policías y guardias civiles con el apoyo de Ciudadanos, se encuentra cada vez más en los postulados de Vox, y es una de las de mayor representación en los cuerpos policiales.

Por eso, denunciar desprotección en personas que desarrollan su trabajo con armas parece un insulto a la inteligencia. Cómo tenemos que sentirnos los ciudadanos pacíficos cuando salgamos a la calle a reivindicar si por una circunstancia somos víctimas del exceso de un agente. Seguramente como los manifestantes que ayer defendían la reforma de la ley y fueron abofeteados y amenazados por los que exigían lo contrario: «A que te reviento la cara».

Es lo que tiene, empezamos aplaudiendo a los que felicitaban el cumpleaños a los niños en pandemia y acabamos por no distinguir que son servidores públicos, sometidos al dictado de la ley y cuya función es servir y proteger.