La marginación total de la lengua oficial española que se está produciendo en las regiones gobernadas por partidos nacionalistas no es nada nuevo. Comenzó hace más de treinta años mediante la aprobación por el parlamento catalán de la Ley de Normalización Lingüística de Cataluña. Lo único nuevo es que en los últimos años el gobierno catalán ha dado un paso más, negándose a cumplir las sentencias judiciales que le obligan a respetar la igualdad entre el catalán y el castellano, sin que el gobierno central haya puesto en marcha las medidas excepcionales que la legislación le permite para evitar que un derecho tan fundamental como es la enseñanza escolar en el idioma oficial español sea conculcado.
En febrero de 1994, el catedrático de Derecho Constitucional, Jorge Esteban, publicó un artículo en el que mostraba la inconstitucionalidad de la ley de normalización lingüística catalana, no solo por la sutileza de haber utilizado en su redacción una preposición que desvirtuaba lo que indica el artículo 148 de la vigente Constitución, sino también otros muchos artículos más sustantivos que ese. El 13 de diciembre de 2005, en otro artículo publicado en el diario 'El Mundo', amplió sus argumentos para mostrar de manera contundente la flagrante ilegalidad que suponía la marginación de la lengua oficial española en las escuelas. Curiosamente, ni el gobierno de Rodríguez Zapatero, ni el de Rajoy, ni tampoco el actual de Sánchez, han hecho nada para arreglar esa anómala situación, lo cual ha dado lugar a que esa ilegalidad haya sido copiada por los gobiernos regionales de Baleares, Valencia, País Vasco y, en cierto modo, de Galicia.
Hay infinidad de estudios empíricos que han demostrado que la evolución histórica de las lenguas depende de factores políticos
Hay infinidad de estudios empíricos que han demostrado que la evolución histórica de las lenguas depende de factores políticos que dan como resultado la dominación de unas culturas por otras. El sociólogo francés Pierre Bourdieu apoya esa interpretación cuando afirma que el único modo de entender el peso cultural y político de las lenguas es analizando las contradicciones dialécticas que se producen en la configuración de las naciones y de los estados. Es esa perspectiva analítica lo que explica que siempre que un determinado grupo político, étnico o religioso conquista a otro, lo primero que hace es imponerle su lengua. Donde se ve más claro ese proceso es en la construcción de los grandes imperios. Estos dos ejemplos son meridianamente claros: el imperio romano impuso el latín en todas sus provincias y, de igual modo, el imperio español impuso el castellano en las provincias americanas.
6.912 lenguas vivas
Si se consulta www.ethnologue.com se comprueba que en el mundo existen actualmente 6.912 lenguas vivas, pero un 95% únicamente son habladas por pequeñas minorías. De esa cifra total, 75 lenguas son usadas de forma habitual por el 80% de la población mundial y solo 3 son vehiculares en los ámbitos de la ciencia, los negocios y la política: inglés, español y francés. Quizás sea exagerado afirmar, como hace Lamo de Espinosa, que el mundo es un cementerio de lenguas, pero lo que nadie puede negar es que a lo largo de los siglos ha desaparecido un inmenso porcentaje de las mismas. Afortunadamente, hay otras muchas que, a pesar de la persecución a que han estado sometidas, se han conservado en el habla de las comunidades autóctonas. En España, el ejemplo más paradigmático es el caso del catalán, del vasco y del gallego. Cuando los partidos nacionalistas llegaron al poder en Cataluña, País Vasco y Galicia reivindicaron para dichas lenguas el mismo estatus jurídico que el de la lengua oficial del Estado al que pertenecen. Como consecuencia de la presión que ejercieron, la cooficialidad de dichas lenguas quedó plasmada en la Constitución republicana de 1931 y en la monárquica de 1978.
El problema ha surgido en nuestro país cuando lo que se defiende no es el reconocimiento de la lengua autóctona, sino la imposición de un proceso secesionista, tratando de blanquearlo con el falseamiento de la Historia e imponiendo en las escuelas un idioma que, en la mayoría de los casos, no coincide con el que aprendieron a expresarse unos niños cuyos padres nacieron y se criaron en otras regiones españolas. Si ya es grave aceptar que un gobierno regional pueda saltarse a la torera los principios constitucionales, mucho más lo es el daño que se hace a las nuevas generaciones, privándolas del uso vehicular de uno de los tres idiomas más usados a nivel mundial. Todo lo que no sea la cooficialidad de ambas lenguas en términos absolutamente igualitarios lo considero un grave error y una aberración jurídica. Por eso, me parece increíble que el órgano jurisdiccional competente se haya limitado a imponer un ridículo 25% del currículum académico en la lengua oficial del Estado.
