En los próximos días, varios miles de docentes se presentarán a oposiciones. Tal vez sean las últimas con el sistema actual, ciertamente desfasado. Pero hay que afrontarlas con ánimo de aprobarlas. Los cambios ya llegarán. Cuando sea, pero llegarán.
Es de general convencimiento que el actual proceso selectivo para el acceso a la función pública docente no selecciona a los mejores para esa profesión. Ni mucho menos. Y eso que lleva años. Desde la LOE (LO 2/2006) en una disposición transitoria (17ª) y el Reglamento (RD 276/2007) que la desarrollaba. Téngase en cuenta que se trata del ingreso en cuerpos docentes para trabajar en la enseñanza pública. Este personal docente se encuadra en el Estatuto Básico del Empleado Público (RD 5/2015) y se rige por la legislación básica estatal y la específica de cada comunidad autónoma. Eso explica que, en un marco básico común, la convocatoria de oposiciones sea competencia de cada administración educativa.
En consecuencia, hay diferencias notables entre territorios, tanto en la periodicidad (frecuencia, fechas) como en el número de plazas ofertadas. Depende de la situación del sistema educativo en la comunidad autónoma y de su presupuesto, pero también de la voluntad de su gobierno autónomo y su apuesta por el sector público de la enseñanza. En ese marco general se han introducido modificaciones transitorias buscando la reducción del porcentaje de profesores interinos, que siempre ha sido muy alto, especialmente en los últimos años y en unos sitios más que en otros. La última, la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Pero lo cierto y verdad es que el procedimiento selectivo, en su esencia, no se ha modificado en los últimos cuarenta años. Vayamos, pues, a la intrahistoria de las actuales (y pasadas) oposiciones. De la que poco o nada se habla.
La estructura de concurso-oposición-prácticas sigue tal cual.
El concurso. Sin entrar en la valoración de los méritos por experiencia previa docente, que tiene mucho que ver con los cambios introducidos para reducir la interinidad, hay que fijarse, al menos, en el baremo de los méritos académicos. En algunas convocatorias, por ejemplo, se otorga la misma puntuación al máster y al doctorado y con varios cursos y cursillos se pueden obtener más puntos que con un título universitario. Se abre así el mercado para conseguir papeles. No importa tanto de qué sean los certificados cuanto que sumen. Hay maestros que acumulan hasta cuatro menciones de la carrera de magisterio y un puñado de sellos de todo tipo; comprensible, ya que el sistema les aboca a ello.
La oposición. Los temarios están alejados de lo que se estudia en las facultades universitarias. Y, sobre todo, desfasados. Tanto, que en las oposiciones a algunas especialidades del cuerpo de maestros se mantienen los de hace treinta años (Orden 9/09/1993). Bien es cierto que se dice que «las referencias a la LOGSE deben entenderse a la LOMLOE». En otras son más «recientes» (Orden 6/02/2012). Pero, aun así. El aspirante que apruebe tendrá que impartir un currículo muy diferente del que estaba vigente cuando se aprobaron esos temarios. El desajuste es evidente. Y deberían entenderlo bien los tribunales. Formados por funcionarios de carrera de igual o superior grupo, en algunos casos «obligados» por sorteo a estar en el tribunal.
Las prácticas. Casi siempre, un mero trámite para el aspirante que ha superado la fase de oposición. Unos meses en un centro público. Destinado como «funcionario en prácticas». Con un docente de plantilla para tutelarle. En teoría. Porque, en realidad, todo depende de la buena voluntad del tutor, pues ni se reconoce ni valora esa tutoría. Así que, en la mayoría de los casos, el docente novel trabaja y actúa como un profesor más. Enfrentándose solito a la realidad de las aulas. Que tiene poco que ver con lo estudiado en la universidad y con el temario aprobado en la oposición. La programación y la unidad didáctica que defendió ante el tribunal le servirán de poco. Si nunca ha impartido clase, tendrá que ir aprendiendo por su cuenta o, como mucho, con la ayuda de algunos compañeros, tutor incluido. Las actuales pruebas de la oposición no están relacionadas con los planes de estudio de las titulaciones universitarias requeridas para presentarse. Y son más que discutibles que sirvan para medir los conocimientos científicos (ejercicio escrito), la aptitud pedagógica (programación) y el dominio de técnicas (unidad didáctica) necesarias para el ejercicio docente. Y la fase de prácticas, desde luego, no sirve para valorar la aptitud para la docencia. Esperemos que, una vez concluido el debate, las 24 propuestas presentadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) hace unos meses lleguen a buen puerto. Apuntan en la buena dirección. Se necesita reformular los procesos de selección, actualizar los temarios de oposiciones y modificar la fase práctica para el acceso a la función pública docente. Todo en un nuevo modelo de iniciación a la docencia conectado con la formación inicial universitaria. El actual no garantiza las competencias que se requieren en una profesión tan fundamental.
Así y todo, hasta tanto se implante un nuevo sistema, hay que hacer de la necesidad virtud. Y enfrentarse con ánimo y serenidad a estas inminentes oposiciones. Muchos docentes llevan meses (y años) preparándolas. ¡Suerte!
