Europa en las aulas

El Tratado de Roma (1957) no recogía una referencia directa a la educación formal, que se consideraba cuestión de cada Estado. Y si bien es cierto que ya se planteaban propuestas comunitarias en el Informe Janne (1973) y en las valiosas aportaciones de J. Delors, la educación no se incorporaría a un tratado europeo hasta Maastricht (1992) y con tres artículos significativos: uno, instando a los países miembros a «desarrollar la dimensión europea de la enseñanza, especialmente a través del aprendizaje y difusión de las lenguas, favorecer la movilidad de estudiantes y profesores y promover la cooperación entre los centros docentes» (art. 126); otro específicamente dedicado a la formación profesional (art. 127); y un tercero sobre investigación y desarrollo tecnológico (art. 130) que afectaba directamente a las universidades.

Poco antes se había puesto en marcha el Programa Erasmus (1987) para la permeabilidad del talento entre fronteras y luego vendrían las declaraciones de la Sorbona (1998) y de Bolonia (1999) para la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y el Marco Europeo de las Cualificaciones (EDF-MEC, 2008) para el aprendizaje permanente y la movilidad profesional, al que seguiría el marco para las lenguas y el de competencias digitales. Y, además, los miles de millones repartidos durante años a través de los distintos fondos europeos.

Es verdad que, a día de hoy, siguen siendo grandes las diferencias entre los sistemas educativos de los países de la UE, al menos en su estructura y especialmente en la configuración de los estudios secundarios (Eurydice. Datos y cifras. 2022-23). Que los resultados en evaluaciones internacionales (Pisa, Timss, Pirls, etc.) difieren notablemente de unos a otros. Que varían las condiciones laborales, e incluso el estatus profesional, de los docentes o la dependencia orgánica de centros según el grado de descentralización existente en cada país. Y podrían añadirse más diferencias por historia, cultura, etc. Pero conviene también recordar que la labor principal de las instituciones europeas se basa en apoyar, coordinar y complementar las acciones de sus Estados miembros (Tratado de Funcionamiento de la UE, art. 165 y 166), una misión que solo pueden hacer respetando las competencias nacionales.

Tenemos mucho en común y eso (lo común) es lo que habría que potenciar y (en lo posible) llevar a la organización y funcionamiento de nuestro sistema educativo y a la realidad cotidiana de las aulas.

Por las administraciones públicas: mejorar y ampliar los programas transfronterizos existentes y avanzar hacia nuevos proyectos para configurar (de verdad) un Espacio Europeo de Educación. En Erasmus+, por ejemplo, programa que este período (2021-2027) hace especial hincapié en la inclusión social, la doble transición ecológica y digital y el fomento de la participación de los jóvenes en la vida democrática. O en la revisión del modelo de dirección de los centros educativos, conjugando la gestión de recursos con el liderazgo y la dinamización pedagógica. O en la potenciación de la formación profesional, como se pretende con la Ley de FP (LO 3/2022) de nuestro país. O la internacionalización de nuestras universidades, con la creación de las llamadas «universidades europeas» mediante alianzas de campus de varios países. O la formación de redes transnacionales en investigación. Y así en muchos otros ámbitos.

Por los centros educativos y el profesorado: integrar las materias relacionadas con la UE en los currículos escolares. La legislación educativa española ha incorporado las competencias clave y, atendiendo a la Recomendación del Consejo Europeo (2018), las competencias específicas, los descriptores operativos y el perfil de salida al final de etapa. En ese marco, de los decretos de currículo (RRDD 157, 217 y 243, los tres de 2022), se puede actuar en dos planos. Por un lado, en el conocimiento de la UE, su historia y situación actual, con contenidos integrados en varias áreas de Primaria (Conocimiento del Medio principalmente) y en la materia de Geografía e Historia en la ESO y en Bachillerato. «España y Europa» aparece (textualmente) en el bloque de contenidos (saberes básicos) de varias asignaturas, con referencias explícitas a las instituciones europeas, la integración de los países, etc. Además, varias comunidades autónomas han diseñado materias de libre configuración (optativas) dirigidas exclusivamente al conocimiento de la UE. Por otro, en la transmisión y profundización en los principios y valores que emanan de la integración europea: libertad, democracia, derechos humanos, respeto a la diversidad, igualdad de género, desarrollo sostenible, etc. Esos contenidos, aparecen explícitamente en la asignatura Educación en valores cívicos y éticos y son enseñanzas transversales que corresponde transmitir a todo el profesorado, independientemente de la asignatura que cada cual imparta.

Como se indica en la exposición de motivos de la Lomloe (LO 3/2020), «compartimos los objetivos fijados por la UE» y el currículo español actual está alineado con los esquemas europeos. Con esa norma en la mano, en todos los centros educativos se puede enseñar qué es y qué valores transmite la integración europea y esos planteamientos debieran incorporarse a los proyectos educativos y curriculares de los centros.

Uno de los «padres» de la actual Europa, Jean Monnet, en una entrevista publicada poco después del mayo del 68 decía: «si volviese a comenzar, empezaría por la educación». Tomemos nota. Porque nunca es tarde.

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