Las divisiones tajantes de la sociedad suelen tener un alto grado de demagogia. Se ha podido ver (y se ve) en el debate sobre las reducciones fiscales que tanto calienta a nuestra clase política. Ricos y pobres. Pero, sin entrar en ese barro del enfrentamiento partidista, lo cierto y verdad es que en nuestro país existen grandes desigualdades sociales. Y esas desigualdades tienen directo reflejo en la escuela.
En tres ámbitos, al menos, de nuestro sistema educativo.
Desigualdades entre territorios. Evidente. Solo hace falta ver los indicadores educativos. Norte y sur. Un solo dato ilustrativo. En el Informe Education at a Glance 2022, de la OCDE, presentado recientemente. Por ejemplo, el abandono escolar. Casi un tercio de los jóvenes de 25 a 34 años de algunas comunidades solo tienen como mucho la ESO, mientras en otras más ricas la mayor parte de ese grupo de edad ha cursado o está cursando estudios terciarios. A más riqueza, mayor nivel de estudios. Y hay que recordar, como hace la OCDE, que la probabilidad de obtener empleo aumenta con el nivel de formación. Otro tanto sucede con los resultados académicos, muy diferentes de unos territorios a otros. O con la inversión en educación. O incluso con el precio del comedor escolar, que se duplica de una comunidad a otra. En España estamos avanzado, pero no se cierra la brecha escolar territorial.
Desigualdades entre centros de una misma comunidad autónoma. Evidente también. Entre los situados en entornos rurales y los de las zonas urbanas. Aunque en el mundo rural apenas se aprecian las diferencias: todo el alumnado (rico o no) se escolariza en el centro de la localidad; en la mayoría de los casos, el único. Las desigualdades se evidencian fundamentalmente en las ciudades. Muy claras entre la red pública y la privada. Incluso dentro de una misma red: privada concertada y no concertada, pública de clase media y pública con alto porcentaje de alumnado inmigrante y en situación de vulnerabilidad social. Las barreras las colocan los propios centros. Un informe reciente de la Asociación de Centros Privados e Independientes (Cicae) y la CEAPA dice que «el 90% de los colegios concertados cobra cuotas mensuales al alumnado». Pero también se levantan barreras, incluso en ciertos colegios de la pública, por algunos padres y madres que no quisieran que sus hijos fuesen con otros «de clase inferior».
Desigualdades dentro de un mismo centro educativo. También existen. Lo confirman los informes PISA. Aunque menos acusadas que entre centros. Todo el alumnado comparte la misma aula, el mismo profesorado y los mismos recursos disponibles en el colegio. Cierto. Pero no tiene las mismas oportunidades al acabar las actividades lectivas. Se puso de manifiesto de manera muy cruda con el confinamiento. Las consecuencias están ahí. Según un reciente informe de EsadeEcPol sobre fracaso escolar en España, los estudiantes de mayor nivel socioeconómico rinden significativamente mejor en todas las asignaturas y niveles educativos. No es que tengan más capacidades intelectuales que los de clases sociales desfavorecidas, no, es que tienen más medios y ayudas en casa.
La creciente desigualdad escolar debería preocupar, y mucho, a los responsables públicos y a toda la sociedad. No pueden ponerse de perfil ante la pobreza infantil y su reflejo en las aulas. Ni podemos como sociedad. Según Save the Children, «la tasa de pobreza y exclusión afecta al 28,3% de los niños y niñas de nuestro país». Aunque algún político de coche oficial no vea pobres en su ciudad. ¡Que pise la escuela de algunos barrios! Han de tomarse medidas efectivas para corregir esas desigualdades escolares. En los presupuestos (el estatal y los autonómicos) y desde el propio sistema educativo.
Primero, hacer que se cumpla la ley. Así de sencillo. Para evitar que se levanten barreras para la escolarización. Al menos, en todos los centros sostenidos con fondos públicos. Públicos y privados concertados. En la LOMLOE se establece claramente el procedimiento de admisión de alumnos para garantizar, al mismo tiempo, el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro. (Título II. Equidad en la educación).
Segundo, establecer medidas compensatorias. Para corregir las disparidades entre territorios, a través del Fondo de Compensación Interterritorial, y de programas de cooperación; la prestación del servicio educativo público es más costosa en unas comunidades que en otras. Para mitigar las diferencias entre centros, con planes específicos de apoyo económico y de personal a los centros de especial dificultad; no puede tratarse a todos por igual cuando las necesidades son tan distintas. Para luchar contra la pobreza infantil y juvenil, con becas y ayudas individuales y para las familias; cuando se habla de la pedagogía del esfuerzo casi siempre se olvida que el mayor esfuerzo (en todos los sentidos) lo tienen que hacer quienes parten de más abajo.
Según el último informe (octubre 2022) de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la exclusión Social en España (EAPN-ES), «una de cada seis personas pobres de nuestro país tiene educación superior». ¿No se decía que la educación funciona como ascensor social? ¡A lo peor lo tenemos averiado con las crisis encadenadas de los últimos tiempos! Pues, ¡manos a la obra!
