La investidura de Sánchez

Mi artículo anterior era una toma de contacto con la actualidad. Y aunque las dos guerras citadas (Ucrania y Palestina) son mucho más importantes que la investidura política de España, hoy me centro en el asunto nacional por excelencia: la próxima investidura de Sánchez. Asunto en el que los españoles, discutidores natos, estamos divididos futbolísticamente entre el sí y el no. Luego vestimos la afirmación o la negación con argumentos más o menos lógicos y, sobre todo, con cataclismos que nos caerán encima si no se opta por lo que yo digo.

En España, país situado entre las democracias más avanzadas del mundo, hay unas reglas de juego que cumplir. Y mientras estas reglas de juego democráticas estén en manos del Estado nadie puede erigirse e imponerse sobre los demás. La voluntad de todos los españoles se manifiesta mediante votaciones públicas impecablemente democráticas y, a partir de ahí, los partidos negocian y pactan mayorías parlamentarias que se traducen en la elección de un jefe de gobierno. Luego operan los contrapesos del sistema (especialmente el sistema judicial) que corrobora o no la voluntad parlamentaria, con la Constitución como referencia sancionadora.

Al interior de este esquema de funcionamiento caben todas las opiniones y posturas posibles, siempre que también sean democráticas y no descalificadoras a priori. La Constitución española es un marco de actuación suficientemente amplio para que tengan lugar un amplio abanico de opiniones y posicionamientos políticos siempre que el sistema no quiebre.

Hasta hace muy poco, casi todo eran elucubraciones más o menos fundadas. Pues bien, en esta última semana (este artículo lo escribo el miércoles 1 de noviembre) se han dado pasos (especialmente el discurso que el Presidente en funciones pronunció en el Comité Federal del PSOE, con aclamación casi unánime de todos sus miembros) que permiten adelantar con bastante probabilidad el resultado final: Sánchez será investido con mayoría absoluta tras una ley de amnistía a favor de los independentistas catalanes. Solo queda por conocer si esa ley de amnistía es o no constitucional. Las discusiones volverán a surgir con toda intensidad, pero hasta que el Tribunal Constitucional no hable, todo será formalmente correcto.

Lo único que yo humildemente puedo hacer en el espacio que resta de este artículo, es, como uno más, arriesgar mi opinión con antelación sobre la constitucionalidad o no de esta ley de amnistía, que todavía no conocemos.

En primer lugar está el hecho de que es una ley todavía inexistente, al menos públicamente, y, por tanto, desconocida. Solo cabe hablar pues de presunciones. Ciertamente que el proceso de negociación-ocultación ha sido hábilmente llevado a cabo por los actores invitados al mismo. Y se puede llegar a pensar que la factura técnica de la ley será cuidadosa con la Ley. En mi opinión, el meollo estará en la exposición de motivos de la citada ley. Si, tal como el Presidente en funciones dijo en su discurso, esa ley era para garantizar la paz y la convivencia entre todos los españoles, presumo que la parte amnistiada tendrá que afirmar explícitamente su voluntad de no volver a cometer los delitos que les son amnistiados.

Si esa condicionalidad no se da, en mi humilde opinión, esa ley, y por tanto la investidura, no es política ni moralmente digna de ser apoyada. Ese me parece el elemento trascendental de este asunto. Y como dicha ley no la conocemos, mi postura es también una cierta elucubración. Claro está que el proceso de negociación podría haber sido más transparente y que la militancia socialista debería haber sido llamada a ratificar algo más sólido y claro, pues, en estos momentos, nada consistente existe todavía, aunque todas las apariencias vayan en una sola dirección, la de que la investidura es un hecho.

Supongo que la última parte de la negociación con los independentistas catalanes radica en la citada condicionalidad, pues ellos sostendrán que no han cometido ningún delito y, por lo tanto, no tienen que hacer ninguna manifestación explícita en ese sentido. Incluso, muchos de ellos, afirmarán que lo volverán a hacer. Si esto sucediese así, y así se plasmase en la ley que va a permitir la investidura, mi postura posibilista decae y manifiesto públicamente mi posición en contra de la citada investidura, pues no solo no supone un progreso en la convivencia entre los españoles, sino que es un aval para los delitos cometidos por los amnistiados. Lo que se proclama como beneficio general mutaría en meros beneficios particulares de unos pocos. No todo vale si los principios (jurídicos, políticos y morales) se quiebran.

Hay otros aspectos importantes que se derivarán del resultado de la investidura pero no caben aquí. Seguiremos informando. Gracias.

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