Menos burocracia, beneficios para todos

Las recientes protestas de los agricultores han hecho emerger una problemática que no solo les afecta a ellos sino también a numerosos sectores productivos: la enorme carga burocrática a la que se enfrenta el sector privado. La existencia de burocracia no es un fenómeno nuevo. De hecho, burocracia ha existido siempre. La diferencia es la naturaleza y los objetivos que persigue la administración burocrática en los estados de matriz liberal, y que ha dado lugar a un conjunto de estructuras organizativas y de complejos procesos concebidos para impedir la arbitrariedad de la Administración, para evitar la indefensión de los ciudadanos y para garantizar la satisfacción de los intereses generales. Tanto es así que estos métodos se han convertido en uno de los pilares del sistema de garantías propio del Estado de Derecho.

Sucede, sin embargo, que la carga burocrática que han de soportar los administrados, y muy particularmente las empresas, ha ido en aumento a medida que han incrementado las funciones y prestaciones del Estado, así como los niveles de administración existentes. Y eso ha implicado una multiplicación de normativas y de procesos. Las empresas, a fin de desentrañar el magma legal y satisfacer los variados requerimientos de las administraciones, que no siempre son coincidentes, se ven obligadas a dedicar ingentes recursos económicos y humanos -algo que solo pueden afrontar las más grandes- o bien han de contratar servicios externos. En ambos casos supone un sobrecoste añadido que afecta a su competitividad. Eso si no quieren en muchos casos tener que renunciar a ayudas y subvenciones. No obstante, las dificultades para las empresas no son homogéneas. Hay países más business friendly que otros y España no sale muy bien parada, no en vano el Banco Mundial la situó en 2020 en el puesto 31 de 190 según la facilidad para hacer negocios.

Las empresas no cuestionan la necesidad de controles, pero sí reclaman una racionalización de los procesos que implique una agilización y una simplificación de los mismos, aspectos que no siempre se han visto beneficiados por los procesos de digitalización. La inexistencia de una ventanilla única no solo entre los distintos niveles de la Administración, sino incluso en un mismo nivel, cuando los trámites afectan a diversos departamentos, dilata la resolución de los expedientes, algo que ya de por sí resulta lento. Es por ello que otra de las reivindicaciones es una mayor rapidez en las respuestas de la Administración así como una mayor previsibilidad en los plazos. Al tiempo, se reclaman contención en la producción normativa en un país altamente inflacionista en ese aspecto, algo que se ve agravado por la existencia de diversos niveles de gobierno. Eso, y que la normativa tenga en cuenta las particularidades de nuestro sistema productivo y no solo se piense en las grandes empresas, que haberlas haylas pero son las menos.

Satisfacer todas estas demandas debería ser una prioridad de todas las administraciones con independencia de su color político. Al fin y al cabo, hacerlo implicaría beneficios colectivos. Menos burocracia generaría más beneficios para todos.

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