La nueva ley estatal contra el cambio climático obliga a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes a crear una zona de bajas emisiones en la que se restrinja el tráfico a los vehículos más contaminantes, como se hizo con Madrid Central (ahora Madrid 360). En Zaragoza, el ayuntamiento que gobierna Jorge Azcón todavía no ha desvelado sus plantes a este respecto aunque este martes, en un acto para conmemorar la Semana del Medio Ambiente, el regidor ha reconocido que están trabajando en ello pero ha condicionado el cómo y el cuándo se pondrá en marcha a la llegada de fondos europeos. No obstante, llegue dinero o no, esta limitación tendrá que ser una realidad, según la normativa vigente, antes del 2023.
“Es importante conocer la cuantía que puede llegar para saber cómo se va a implementar la zona de bajas emisiones”, ha justificado el alcalde, que se escudó detrás del mantra de los fondos europeos para no dar detalles sobre esta realidad que cambiará la forma de moverse por Zaragoza. Azcón ha ejemplificado diciendo que, en función del dinero que reciban, podrán comprar unas cámaras capaces de leer las matrículas de los coches para saber qué vehículos están entrando en la futura zona de bajas emisiones. “Tenemos varios planes”, ha dicho el alcalde.
La nueva ley contra el cambio climático está en vigor desde el pasado 22 de mayo y en ella se detalla lo que se entiende por zona de bajas emisiones. Tendrán que ser áreas de la ciudad “en las que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire […] conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones”. Asimismo, la normativa a obliga también a implementar “medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo”.
La norma no especifica el tamaño que tendrán que tener la zonas de bajas emisiones que en Aragón, además de en Zaragoza, también tendrá que habilitarse en Huesca. No obstante, ya existe un protocolo de actuación ante episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno que establece una "zona cero" en la ciudad en la que, si se superan determinados límites de gases contaminantes, estaría prohibido circular. Este reglamento no se ha puesto nunca en marcha porque la capital aragonesa, entre otras cosas gracias al cierzo, no se suelen acumular boinas de humo como sí ocurre en otras grandes urbes.
Así, según este protocolo, la denominada zona cero está delimitada por las siguientes vías urbanas: los paseos Echegaray y Caballero, María Agustín, Pamplona, Constitución y de la Mina; y las calles Asalto y Alonso V. En el peor de los casos, que sería cuando en una estación de medición se detectara un nivel de 400 microgramos de dióxido de nitrógeno por metro cúbico de aire durante más de dos horas consecutivas y con condiciones meteorológicas adversas, todo lo que quedara dentro de esas calles y los viales que lo circunvalan se cerrarían al tráfico (menos de los coches cero emisiones y otras excepciones).
Zaragoza reduce sus emisiones en un 20% hasta 2019
No obstante, ni el alcalde ni las fuentes oficiales del consistorio han querido desvelar por el momento si la futura zona de bajas emisiones coincidirá con la del protocolo arriba explicado, pero en el pleno extraordinario convocado a petición del PSOE que se celebrará este mes (todavía sin fecha), los socialistas han presentado una moción en la que “insta al Gobierno de Zaragoza al establecimiento de zonas de tráfico calmado en las vías que se encuentren comprendidas dentro de la zona que quedaría delimitada por Camino de las Torres; paseo Constitución; paseo Pamplona; paseo María Agustín; y Echegaray y Caballero”. Ahí tendrán que debatir y podrá conocerse más sobre los planes de Azcón sobre el futuro Zaragoza Central.
Más allá de esta cuestión, Azcón ha comparecido este martes ante los medios para hacer balance sobre gestión ambiental y explicar las principales medidas verdes que su equipo de Gobierno piensa implementar. Las tres más relevantes no son nuevas y han sido anunciadas ya en varias ocasiones: el Bosque de los Zaragozanos (que supondrá la plantación de 700.000 árboles en los próximos diez años), la rehabilitación de vivienda (PP y Cs han aumentado considerablemente las partidas destinadas a tal fin) y la compra de autobuses eléctricos para renovar la flota zaragozana.
Más allá, el alcalde también ha alardeado de otras medidas puestas en marcha durante su mandato, como la creación del barrio solar del Actur o las ordenanzas verdes, que bonifican el IBI a los edificios que aprovechen la energía del Sol. No obstante, por el momento las políticas de PP y Cs no se reflejan en los datos ya que según el último Inventario de Emisiones de la Ciudad, que informa de que Zaragoza ha logrado reducir en un 20% las emisiones totales de gases de efecto invernadero entre 2005 y 2019, el año en el que Azcón llegó a la Alcaldía. Habrá que esperar para conocer si la ciudad sigue bajando.
La capital aragonesa cumple así el objetivo adquirido en 2011 en el Pacto de Alcaldes y Azcón ha anunciado que ahora el fin es reducir las emisiones entre un 50% y un 55% para el 2030 y que Zaragoza pueda entrar en el proyecto de las cien ciudades climáticamente neutras impulsado por la Comisión Europea y que, esta vez sí, si se consigue el objetivo, contará con fondos.
Los anuncios de Azcón no han pasado desapercibidos para la oposición, sobre todo en ZeC, quien estuvo al frente del consistorio durante el anterior mandato. En un comunicado, este grupo político ha criticado que “los logros vendidos por Azcón en materia de medio ambiente” son herencia directa de la gestión de Zaragoza en Común. Así, el portavoz de esta formación, Pedro Santisteve, ha instado al actual alcalde “a no vivir de las rentas” y le ha pedido que comience “a implementar políticas de lucha contra la emergencia climática por el bien de la ciudad y sus vecinos y vecinas”.
El bosque, sin ecologistas
Una de las medidas estrella del alcalde Jorge Azcón es la creación del Bosque de los Zaragozanos, que supondrá la reforestación de más de mil hectáreas de superficie con un total de 700.000 árboles que servirán para atrapar parte del CO2 que la ciudad emite a la atmósfera. El proyecto, que cuenta con el apoyo de Ecodes, se anunció el pasado mes de abril y en el acto no estuvieron presentes miembros de la Asociación Naturalista de Aragón, Ansar, que rechazaron la invitación para denunciar la falta de participación en los procesos de creación de políticas medioambientales.
