El Gobierno de Aragón ya se ha personado como acusación popular en el proceso penal abierto por el crimen machista de Katia, asesinada por su pareja sentimental en el barrio zaragozano de Las Fuentes el pasado 23 de mayo. De esta forma, el Ejecutivo autonómico cumple la ley aprobada en el 2007 en la que se regula la organización y funcionamiento de la asistencia, defensa y representación a la comunidad autónoma en el ámbito de la violencia de género. Anteriormente lo hacía el Ejecutivo central a través de la Abogacía del Estado.
La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ha remarcado, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que la vida es el bien más preciado y "merece la pena que el Gobierno de Aragón se persone precisamente en la propia acusación".
La consejera ha incidido en que en Aragón han sido 23 las mujeres asesinadas desde 2003, cuando empezaron a contabilizan los casos, y ese es un motivo más que suficiente para mantener las alarmas encendidas y "no concederse el más mínimo respiro para asumir como normal esta situación insoportable".
Pérez, quien ha lamentado igualmente el último crimen machista ocurrido en Madrid, de una mujer de 81 años presuntamente a manos de su marido, ha informado además de otros acuerdos relacionados con la atención a las mujeres, entre ellos la firma de convenios entre las 33 comarcas de Aragón y el Instituto Aragonés de la Mujer para el asesoramiento en materia psicológica, social y educativa familiar, y en todo lo que tiene que ver con la violencia de género, dotados con 1.043.000 euros.
Según Pérez, estos servicios de atención integral a las mujeres llegaron el año pasado a 865 mujeres y el 25 % recurrieron a este servicio comarcal en situación de amenaza por violencia de género.
La DGA en el sistema Viogén
El Ejecutivo aragonés y el Ministerio del Interior suscribirán en los próximos días un convenio para compartir información en el sistema Viogén, después de que ayer diera el visto bueno el Consejo de Gobierno. Una colaboración institucional en materia de prevención que el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ya propuso en septiembre del 2020 al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska y que este último lo rechazó siete meses después.
El objetivo, ha explicado la consejera, es profundizar en las medidas de protección a las víctimas, a través de una adecuada coordinación de las actuaciones entre ambas administraciones con el fin de prevenir y evitar el riesgo de nuevas agresiones.
El objetivo es disponer de un registro con la información que permita realizar un seguimiento individualizado de las circunstancias de estas víctimas y ver la evolución del riesgo en que se encuentran.
Según Pérez, se trata de profundizar en las medidas de protección a las víctimas y de actuar de una manera más precoz, por medio de la coordinación de las actuaciones entre ambas administraciones, para prevenir y evitar el riesgo de nuevas agresiones.
