El Ayuntamiento de Zaragoza está negociando con la Sareb o banco malo para alcanzar acuerdos de cesión de viviendas sin uso, cerradas desde hace años, principalmente en el barrio de El Gancho. Una alternativa para revitalizar esta zona, muy degradada y con serios problemas de convivencia y a su vez ampliar el parque pública de vivienda social.
Las conversaciones pilotan entre el área de Urbanismo y la sociedad municipal Zaragoza Vivienda, que cuenta con varios pisos destinados al alquiler social en el distrito. Está previsto que en septiembre se mantenga un nuevo encuentro del que podría surgir el primer acuerdo. Según fuentes de Urbanismo, uno de los edificios que la Sareb podría traspasar al consistorio sería del de la calle Cerezo 41, cuyos accesos fueron tapiados el pasado mes de febrero después de que comprobar que el inmueble no reunía las condiciones de salubridad y habitabilidad y entrañaba riesgos en caso de ser okupado, como sucede en varios pisos que no están habitados.
Las mismas fuentes admiten que se trata de una posibilidad que todavía está en estudio ya que exigiría una importante inversión en rehabilitación debido al estado en el que se encuentra el inmueble.
No es la primera vez que el banco malo está dispuesto a ceder el uso de este edificio al consistorio y ya lo hizo en la pasada legislatura, aunque, según fuentes municipales, el ayuntamiento acabó renunciando por el coste que suponía adecentarlo y garantizar su habitabilidad.
Expropiación
Fuentes de Urbanismo aseguran que la opción de expropiar viviendas está descartada porque este tipo de procesos suelen ser muy largos en el tiempo y muy costosos. El ayuntamiento tiene pagar por esos inmuebles, que normalmente requieren de una posterior rehabilitación, y no tiene capacidad económica.
Esta es una de las propuestas que el PSOE va a trasladar al concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, en la próxima comisión de su área, que se celebrará en septiembre. El concejal socialista Horacio Royo cuestiona el programa de asesoramiento sobre okupación que puso en marcha el consistorio, de la mano del Colegio de Abogados, y recrimina a Serrano que todavía no haya avanzado en el plan Zamoray-Pignatelli.
Según Royo, el presupuesto dispone de dos millones para este programa de revitalización que podrían ser destinados para «adquirir inmuebles okupados que están en fondos de inversión o que sean de la Sareb. Que los adquiera a través de un acuerdo o de procedimientos expropiatorios», señala. También solicitará que se recupere la oficina de mediación para los desahucios y okupación.
El socialista critica que el equipo de Gobierno de PP-Cs se viera «arrastrado por la demagogia y populismo de la ultraderecha» y accediera a crear la asesoría y, sin embargo, «no haya tomado ninguna medida para solucionar los problemas que derivan de la okupación ilegal, de la seguridad pública y del deterioro» de El Gancho.
Desde Urbanismo no opinan lo mismo y destacaron que el proyecto para reconvertir Pontoneros en una residencia va a ser el más importante de la última década.
