El Ayuntamiento de Zaragoza tiene actualmente alrededor de 3.000 reclamaciones pendientes de resolver por el cobro indebido de la plusvalía. Con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula el cálculo del impuesto y el posterior real decreto ley del Gobierno de España, el consistorio no podrá cobrar las liquidaciones recurridas desde 2017 y, en el caso de que ya lo haya hecho, tendrá que devolver el importe. Una situación que originará un «agujero» económico importante en las arcas municipales, que se verá agravado con la reducción de ingresos que ya prevén desde el área de Hacienda de cara a 2022.
Con la nueva fórmula diseñada por el Gobierno de España, el consistorio calcula que la recaudación descenderá entre el 30 y el 40% el próximo, alrededor de 15 millones de los 45 que se estimaban ingresar.
La fórmula de la nueva plusvalía
El decreto establece dos opciones para determinar la cuota tributaria que el contribuyente podrá elegir para aplicarse la más beneficiosa. En concreto, los ciudadanos podrán optar por calcular el importe por el resultado objetivo de multiplicar el valor catastral por unos nuevos coeficientes que tendrán en cuenta la realidad inmobiliaria. O, podrán decantarse por el cálculo a través de una ganancia real, con la diferencia entre el precio de venta y el de adquisición. Unos criterios que, según la concejala de Hacienda, María Navarro, no son beneficiosos para las arcas municipales.
Además de cuestionar esta fórmula, porque supondrá una merma en los ingresos de 15 millones «como mínimo», Navarro, ha criticado que el Ministerio de Hacienda no haya resuelto el vacío legal generado desde que al TC anunció el 26 de octubre la nulidad del impuesto hasta que se aprobó el real decreto, que entró en vigor el 10 de noviembre, día desde el que el consistorio tiene obligación de tramitar el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
Vacío legal
Así, desde el 26 de octubre hasta el 9 de noviembre «las operaciones hechas no se pueden liquidar porque no existía criterio», ha explicado la concejala. Las pérdidas durante este periodo podrían rondar los 3 millones, aunque desde Hacienda todavía no han cuantificado las consecuencias económicas para las arcas municipales.
Tampoco las que originarán las 3.000 reclamaciones que ha recibido el consistorio desde 2017. «Todo lo anterior al día 26 de octubre, siempre que haya reclamación vigente, el afectado tendrá derecho a no pagar o a que se le devuelva el dinero porque no existe un criterio para regular la liquidación. Esto va a producir un agujero económico importante», ha señalado la concejala, que reprobó a la ministra socialista de Hacienda, María Jesús Montero.
Dos negociaciones: la nueva ordenanza del tributa y los presupuestos
El Ayuntamiento de Zaragoza tiene seis meses para modificar la ordenanza de la plusvalía y adaptarla a los nuevos criterios. No es una tarea sencilla, ha admitido la concejala de Hacienda, María Navarro, que ha señalado que son muchas las opciones que hay sobre la mesa. Entre ellas, el equipo de Gobierno de PP-Cs Zaragoza tendrá que decidir si lleva a cabo la reducción del 15% de los valores catastrales, como permite el nuevo real decreto o si modifica otras ordenanzas para compensar la reducción de ingresos que prevén que se va a producir con la nueva fórmula de cálculo.
Otra de las negociaciones que se avecinan en la casa consistorial es la de los presupuestos de 2022, que sin duda estarán marcados por las consecuencias en la plusvalía. Navarro no ha adelantado si compensarán la merma de ingresos a través de otros impuestos o reduciendo la inversión.
«No puede ser que escuchemos a una ministra decir que el lunes arregla esto de la plusvalía y que nadie haya dicho nada a los ayuntamientos», ha criticado. «Somos la administración más cercana al ciudadano, no puede ser que sin haber desbloqueado el fondo covid ahora se desmarquen con un decreto ley que supone un varapalo para todos los ayuntamientos», ha insistido la responsable de Hacienda, que volvió a reclamar un fondo de compensación para poder hacer frente al agujero económico.
Fue lo primero que hizo el alcalde Jorge Azcón al conocer la sentencia del Alto Tribunal. No ha sido el único y la mayoría de los alcaldes han alzado la voz para reclamar ayudas que permitan equilibrar la merma de ingresos que va a ocasionar.
Un «varapalo», como dice María Navarro, que llega en un momento en el que los entes locales están elaborando los presupuestos del próximo año. En Zaragoza, por ahora, el Gobierno de PP-Cs calcula que parten con 15 millones menos, que según dicen, podrían aumentar.
