La Fiscalía Provincial de Zaragoza ha decretado el archivo del caso de las presuntas oposiciones amañadas en el ayuntamiento de la capital aragonesa. El ministerio público propone así no proseguir con la investigación que inició a mediados del pasado mes de febrero a petición del propio consistorio al considerar que, una vez examinados los expedientes recibidos, «no hay base suficiente para acreditar la actividad delictiva».
El primero de los exámenes sospechosos de haber sido modificado para favorecer, presuntamente, a algunos aspirantes salió a la luz el 27 de enero. Fue el grupo municipal de ZeC el que anunció que la Junta de Personal del Ayuntamiento de Zaragoza había emitido un escrito solicitando la anulación de una prueba que se realizó en 2021 para acceder a unas plazas de oficial de cementerio.
En dicho examen, en 10 de las 55 preguntas las respuestas correctas estaban marcadas un punto al final, mientras que las incorrectas no llevaban signo alguno. Después del primer caso aparecieron tres más en los que se observaba el mismo patrón, puesto que la colocación de los puntos daba pistas sobre las opciones válidas. Sobre esta cuestión, la Fiscalía dice que «en el caso de que esas anomalías fueran realizadas dolosamente con intención de alterar las preguntas y favorecer a algún opositor, los hechos podrían ser constitutivos de un delito de falsedad documental o de algún delito contra la Administración Pública», señala el escrito, fechado el 24 de marzo, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
Sin embargo, prosigue el ministerio fiscal, del presunto delito «no se pueden determinar el autor o autores de la alteración». Y tampoco descarta la Fiscalía que la colocación de esos puntos, o la ausencia de los mismos, en las respuestas correctas, no pueda deberse a una casualidad «involuntaria».
Asimismo, considera el fiscal que «en ninguno» de los exámenes estudiados y que presentaban esas irregularidades en la puntuación de las respuestas «las anomalías son determinantes del resultado», es decir, que el número de preguntas en las que el punto o la ausencia del mismo coincidía con la opción correcta no bastaba para aprobar el examen aunque se conociera el supuesto truco, puesto que suponían un porcentaje pequeño en relación al número total de preguntas que contenían las pruebas.
Por todo lo anterior, la Fiscalía considera que «los hechos referidos deben quedar fuera de la esfera penal por falta de pruebas de la existencia de delito ni de sus posibles autores»
El archivo de la causa, eso sí, no tiene por qué impedir una investigación propia del ayuntamiento, puesto que la Fiscalía considera que la vía administrativa, y no la penal, «puede solventar el problema con una mayor exigencia de filtros y controles». Si esa fallara, entonces podría abrirse otro cauce por lo contencioso-administrativo, pero «el derecho penal debe ser la última ratio», es decir, la última opción.
Acuerdo de todos los grupos
Sin embargo, el Ayuntamiento de Zaragoza no tardó mucho en adoptar la decisión de llevar el caso a la Fiscalía. Lo hizo por unanimidad entre todos los grupos, pero ZeC había insistido antes en que se abriera un expediente de información reservada para que el personal municipal ajeno a la oficina de Recursos Humanos, quien gestiona los procesos de oposición, investigara el asunto.
El equipo de PP y Cs lo rechazó al considerar que bastaba con llevar el caso a la Fiscalía, y se limitó a pedir un informe a la propia oficina de Recursos Humanos que, casualmente, concluyó también que debía abrirse un expediente de información reservada. Este mismo jueves, ZeC ha vuelto a insistir de nuevo en este asunto.
Desde la formación explicaron, a través de una nota de prensa, que un expediente de información reservada permitiría «identificar a la persona responsable de haber marcado las respuestas correctas pues, de acuerdo con el informe de Recursos Humanos, solo pudieron ser dos personas, o la persona encargada de redactar las preguntas o el secretario del tribunal que recibe las preguntas y se encarga de la maquetación del cuestionario», detalló el concejal Alberto Cubero.
Por su parte, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, aseguró tras conocerse el archivo que la decisión de la Fiscalía es una buena noticia porque «despeja las dudas planteada» en el acceso a las pruebas públicas y porque genera «tranquilidad» y seguridad entre los opositores.
El primer edil, que recalcó que la Fiscalía no ha detectado ningún «delito penal» en los exámenes municipales, explicó que desde el consistorio «revisarán los protocolos» y se plantearán cambios para evitar que vuelvan a producirse los mismos errores y que haya uniformidad en todos los exámenes. «Tenemos que ser exigentes y hacer las cosas mejor», insistió Azcón.
