PSOE, Podemos y ZeC estudian denunciar ante la Fiscalía la licencia de derribo de un quiosco de Forcén en el Parque Grande

La licencia de derribo de un quiosco en el Parque Grande José Antonio Labordeta de Zaragoza al constructor Juan Forcén podría acabar en la Fiscalía. PSOE, Podemos y ZeC han anunciado que estudiarán si elevan al ministerio público el contrato al considerar que hay indicios de «presuntas incongruencias e irregularidades» y «posible trato de favor», dada la relación de amistad que mantiene el empresario con el alcalde, Jorge Azcón.

Las tres formaciones de izquierdas que han puesto a trabajar a sus equipos jurídicos y que no descartan recurrir a la Fiscalía para dirimir si la contratación se hizo correctamente. También han solicitado la convocatoria de una junta de portavoces para que el primer edil de explicaciones. 

Lo han anunciado poco después de que Vox evitara la celebración de una comisión de investigación que avaló el pasado mes de septiembre. Ahora, dicen, es «irrelevante» que se analice si hubo trato de favor por parte de Azcón, que esquiva un proceso de esta magnitud a menos de cien días de las elecciones. De hecho, para la izquierda está claro que este repentino cambio de la ultraderecha está directamente ligado con el 28 de mayo y los pactos postelectorales. 

En el pleno de este viernes no se iba a aprobar la conveniencia de llevar a cabo la comisión de investigación, eso ya se hizo en septiembre y salió a favor con los votos de PSOE, ZeC, Podemos y Vox. Hoy lo que se votaba era su composición y su duración. Pero la aritmética manda y PP, Cs y Vox suman 16 votos mientras que PSOE, ZeC y Podemos se quedan en 15. 

La suma de "la derecha y la ultraderecha"

«La derecha y la ultraderecha se han conjurado, torciendo la norma del ayuntamiento y bloqueando la comisión que ya había sido aprobada para analizar un posible trato de favor a un amigo del alcalde --en referencia a Forcén--», ha asegurado Royo. «No vamos a tolerar que el rodillo parlamentario de la derecha y la ultraderecha hagan que este asunto se quede bajo tierra», ha añadido.

Un mensaje similar al de ZeC y Podemos que llegaba después de un tenso debate que se producía un día después de conocerse que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Zaragoza ha aceptado la solicitud del Gobierno de Aragón para seguir adelante con el procedimiento judicial iniciado ante la falta de remisión de expedientes administrativos por parte del ayuntamiento. 

Las primeras señales del 'No' de Vox

Ya en la comisión de portavoces que precede a la sesión plenaria Vox dejó caer sus dudas. Ayer mismo admitió en declaraciones a este periódico "que no lo tenía claro". Finalmente, sus dos concejales han impedido que se lleve a cabo esta investigación, un cambio en su intención de voto que no ha sentado nada bien en la bancada de la izquierda, que han solicitado la suspensión del pleno y la celebración de una nueva junta de portavoces, "pervertida" por Vox, según al portavoz del PSOE, Lola Ranera, y por su "vaciado de contenido", según Santisteve.

Azcón, haciendo uso del reglamento, ha instado tanto al PSOE como a ZeC que presenten formalmente su solicitud al secretario "como se hace siempre" y ha dado paso a la votación, con el ánimo de zanjar el debate lo antes posibles.

Los ecos de las elecciones

El debate ha estado salpicado por la cercanía electoral, las acusaciones de corrupción de una bancada a otra, la mención a los funcionarios, --una vez más señalados--, y con Vox como protagonista por tildar de "mero error formal", como ha dicho su portavoz, Julio Calvo, el hecho de las fechas no concuerden, que la documentación rubricada por un único funcionario como el jefe de servicio, Javier Chóliz Frutos, se aporta con dos firmas manuscritas que no se parecen en nada la una a la otra, o que se haga referencia en el mismo expediente al quiosco ubicado junto a la escalinata del Batallador y la avenida de los Bearneses y al del puente de los Cantautores y la estación del trenecito del parque.

"Esto no es un mero error formal", le ha respondido Santisteve, que ha acusado a Calvo de "carecer de palabra" por cambiar su voto a última hora y ha señalado al PP "por negarse a que se aclaren temas de gravedad y que está poniendo de relieve el juzgado".

Para Calvo, una investigación en paralelo al proceso judicial "no haría más que dificultar el asunto", por lo que "no hay caso" que, por otra parte, ha dicho, la izquierda lo está llevando "a extremos ridículos".

El aval de Patrimonio

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha acusado a la oposición de "llevar seis meses dándole vueltas al derribo de un quiosco que fue aprobado en la comisión de Patrimonio". Ha admitido el error del funcionario a la hora de fechar el expediente, incluso del retraso de cuatro días en su tramitación, pero ha defendido los pasos seguidos por el equipo de Gobierno de PP-Cs.

Respecto al proceso judicial, Serrano ha subrayado que el juzgado "no investiga esta cuestión", es decir, la aprobación de la licencia, ya que únicamente da la razón a la DGA y le obliga a completar la información remitida, algo que ya han hecho. "¿Sabe cómo va a acabar esto?", ha dicho dirigiéndose a Calvo, "en la vía de: satisfacción extraprocesal".

"Un escándalo mayúsculo"

Por su parte, el concejal del PSOE, Horacio Royo, que ha lamentado el "bochorno" que ha protagonizado Vox, ha relatado algunas de las "incongruencias" del expediente aprobado. Según ha dicho, Forcén no presentó en tiempo y forma el proyecto técnico ni abonó las tasas pertinente, "que se pagaron dos días después". "Esto es un escándalo mayúsculo", ha aseguro Royo, que ha recordado que el dueño de Martipan, entre otras sociedades, también se llevó la adjudicación del parking subterráneo del Parque Bruil, de siete quioscos y ha destacado que forma parte del accionariado del Real Zaragoza, a quien, ha reiterado, "quieren cederle la explotación del campo durante 75 años". El empresario también tiene relación con el hotel de lujo de Canfranc, impulsado por el cuatripartito de Lambán.

Disipar las dudas

Desde Podemos, Fernando Rivarés ha insistido en que se demuestre que el proceso se ha hecho correctamente. "Vamos a disipar las dudas", ha dicho, porque "si no hay nada que esconder, ningún trato de favor o sobra de duda, aceptan la investigación. Si se niegan es que no tiene muy clara su propia argumentación", ha afirmado el concejal, que ha hecho referencia a la "amistad" del alcalde con Juan Forcén, como Santisteve y Royo.

La corrupción sobrevuela el pleno

El tono del segundo turno ha sido más duro, más político. Primero, Julio Calvo ha sembrado dudas sobre las adjudicaciones del PSOE de las instalaciones de la Expo, como las cafeterías o la Hípica. Después, Serrano ha afirmado que "cuando se habla de corrupción, se habla del PSOE", y para finiquitar la ronda, Royo ha asegurado que "PP y sombra de corrupción son sinónimos".

"¿Se acuerda que venían a regenerar la política?", ha dicho Royo en referencia a Serrano, a quien le ha dicho que "no se trata de señalar a nadie (como un funcionario), se trata de no ignorar al elefante que hay en esta sala", ha declarado en referencia a Juan Forcén que, ha recordado, "tenía contratado al hermano del alcalde" cuando se aprobó inicialmente la reparcelación de San José.

"Esto retrata sobre todo a Cs, porque con el PP ya no nos escandalizamos, pero Cs venía a regenerar la política y van a limpiando las manchas y dudas de corrupción del PP", ha asegurado Royo.

En la diana también ha estado Vox, que ha tenido un gran protagonismo en el debate. "¿A cambio de qué le han tapado la boca?", le preguntaba a Calvo el portavoz de ZeC. "¿Cuál es el pacto?", insistía, mientras que Rivarés también preguntaba "por el acuerdo" que había alcanzado con Jorge Azcón para frenar la comisión de investigación. Preguntas nada inocentes que bien tienen que ver con los pactos electorales tras el 28 de mayo.