Luz verde a la operación Romareda

Objetivo cumplido: la operación Romareda seguirá adelante y en pocas semanas se sacará a concurso público la licitación para la construcción y explotación del futuro estadio cuatro estrellas, que tendrá que adjudicar el próximo Gobierno municipal. Por ahora, el alcalde, Jorge Azcón, ya tiene el aval definitivo de la comisión de Urbanismo para sellar la modificación del planeamiento y ceder el campo durante 75 años al Real Zaragoza. Como ya sucedió en 2019, el PP se presentará en campaña con La Romareda, aunque esta vez en lugar de vender a pie de campo su compromiso de impulsar el proyecto, lo hará con la licitación en marcha. 

Eso sí, sin la mayoría y el consenso al que aspiró en su día, ya que solo ha contado con el apoyo habitual de Vox, y su socio de Gobierno, Cs. La izquierda, que acusa a Azcón de «privatizar» el estadio y «romper consensos»,  ha votado en contra de la modificación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que agrupa en una sola parcela los suelos del estadio, los deportivos y los terciarios que existían e incorpora 20.500 metros cuadrados de un solar anexo al campo. Eso por un lado, porque también incluye al derecho de superficie como fórmula para rentabilizar la operación, como exigió el club para poder amortizar la inversión, que ronda los 150 millones. 

El proyecto no se adjudicará antes de las elecciones, de manera que será el próximo Gobierno municipal el que lo haga. O no. «Si (Lola) Ranera es alcaldesa tendrá la oportunidad de paralizarlo», ha declarado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano durante un debate que ha durado poco más de dos horas y que ha estado marcado por la cercanía de las elecciones,.

El concejal se ha esforzado en aclarar los motivos por los que el derecho de superficie a 75 años es la única fórmula válida para garantizar la viabilidad del proyecto y en demostrar que la modificación del plan general propuesta es menor. Son los dos motivos que esgrime el Gobierno de Aragón para asegurar que el plan actual incumple la Ley de Urbanismo de Aragón.

Para ello, el concejal ha hecho mención a algunos de los informes que incorpora el expediente de la operación Romareda, como los elaborados por el departamento de Planificación y Diseño Urbano como el de Ordenación y Gestión Urbanística, que defienden que se trata de una modificación del planeamiento menor. Es un detalle importante porque de ser “sustancial”, el órgano competente para aprobar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sería el Consejo Provincial de Urbanismo, no el pleno municipal, que deberá ratificar la semana que viene la votación de este jueves en la comisión de Urbanismo.

Ambos documentos concluyen que la operación "no supondrá alteración alguna del uso, volumen, capacidad ni relación con el resto del territorio municipal, metropolitano o regional". Es decir, que lo que se va a hacer es construir un campo de fútbol donde ya existe y en unos suelos destinados a equipamientos deportivos. De ahí que sea “menor”.

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No obstante, Serrano ha recordado proyectos en los que las modificación del PGOU sí afectaba a sistemas generales y en los que la DGA no puso reparos, como la reconversión del antiguo cuartel de Pontoneros en una residencia universitaria o la construcción del hospital Quirón, que también requirió de una recalificación. “Hasta ahora la DGA no lo había discutido, pese a que las actuaciones eran privadas”, ha precisado con cierta ironía.

El derecho de superficie durante 75 años

Respecto a la fórmula elegida para rentabilizar la construcción del campo, el derecho de superficie a 75 años, el concejal de Urbanismo también se ha apoyado en dos informes elaborados por Francisco José Gracia Herreiz, un economista y auditor de cuentas con experiencia en el sector del fútbol profesional y Pablo Millán Gracia, analista financiero también relacionado con el mundo del deporte, que coinciden en que «la opción de cesión de superficie a 75 años es la que posibilita la viabilidad económico-financiera del proyecto de explotación del futuro estadio de La Romareda».

Ambos documentos corrigen las cifras aportadas por un informe encargado por el PSOE y elaborado por los catedráticos Manuel García-Ayuso Covarsí (Universidad de Sevilla) y Juan Monterrey Mayoral (Universidad de Extremadura) en el que se afirmaba que la consultora Idom había «incurrido en graves errores que invalidan por completo su modelo de negocio” y que aseguraba que con una concesión a 40 años el club podría amortizar los 150 millones que tendrá que aportar para construir el campo. Documento que, por cierto, aportó en su alegación la Asociación de Vecinos Tío Jorge, y no el PSOE, que no ha presentado alegaciones.

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Hoy Serrano ha explicado que el informe del PSOE parte de un error base de “30 millones de euros”, “una inversión inicial que no contemplan” los catedráticos García-Ayuso y Monterrey. Otro de los “desfases” de ese documento, ha dicho, parte del cálculo de gastos que ocasionará la celebración de cada partido, que cifran en 90.000 euros al año cuando, en realidad, sería por partido. “A los 30 millones se les suman otros 2,1”, ha precisado.   

Ha añadido, además, que los catedráticos de Sevilla y Extremadura también cometen un error de cálculo de la superficie total en sus estimaciones, al estimar que la superficie de suelo terciario es mayor que la que realmente se pondrá a la venta. “La rentabilidad de la que parten es mayor y por eso sus cifras son desproporcionadas”.

Interés público de la nueva Romareda

Otro de los asuntos que ha querido dejar claro Serrano ha sido el “interés público” del proyecto, cuestionado también desde la bancada de la izquierda en sus alegaciones, presentadas por Podemos y ZeC, y las “prisas” en tener la licitación en marcha el próximo mes. En cuanto a lo segundo, ha dicho que los tiempos los marca la Federación Española de Fútbol, que está preparando la candidatura de España al Mundial 2030.

Respecto al interés público, ha optado por recordar el Tribunal Supremo ya desestimó un recursos sobre la operación del Wanda Metropolitano en una sentencia en la que se confirmaba que, pese a que el suelo pasaba de tener titularidad pública a privada, mantuvo "el interés general". Misma fórmula que se va a utilizar en Zaragoza.

La oposición acusa la falta de consenso

Ningún grupo de la izquierda ha avalado la modificación planteada hoy y que tendrá que ratificarse la semana que viene en el pleno. Desde el PSOE han llegado a plantear una enmienda al dictamen en la que se proponía volver al texto inicial y retomar así las negociaciones para sumar apoyos y que la operación Romareda salga del consenso. Una propuesta fallida.

El concejal del PSOE, Horacio Royo, ha asegurado que el Gobierno de Azcón estaba poniendo “en riesgo” la viabilidad del proyecto al “desoír” al Consejo Provincial de Urbanismo, que le ha advertido en varias ocasiones de que antes de aprobar nuevas modificación del Plan General debe presentar un texto refundido. “Están comprometiendo el futuro jurídico del proyecto”, ha reiterado sin hacer mención alguna a la posibilidad que existe de que se recurra.

El socialista ha criticado que PP-Cs no hayan tratado de buscar “alternativas” que no pasen por cederle la explotación del campo al Zaragoza durante 75 años. “¿Por qué? ¿Qué pasa con el modelo San Mamés?”, ha preguntado. La respuesta no ha tardado en llegar porque el concejal Serrano ha dicho que fue Lambán el que “se cargó” la posibilidad de crear una sociedad mixta "cuando dijo en sede parlamentaria que no iba a aportar ni un euro”. También el portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, ha vuelto a insistir hoy en recuperar esta fórmula.

Royo, que ha acusado a Serrano de “privatizar el expediente de La Romareda encargado informes a dedo”, ha negado la “urgencia” a la que hace referencia el Gobierno de PP-Cs para tramitar la licitación antes de las elecciones: el mundial. “España aún no ha sido elegida como sede. Su única Urgencia es el 28 de mayo”.

Desde Podemos, Rivarés ha cuestionado que todos los informes económicos que se incluyen en el expediente se han elaborado desde “la perspectiva” del Real Zaragoza y no de la ciudad, y ha insistido en la importancia de que el nuevo estadio se entienda como un proyecto que permita a la capital ser sede del Mundial pero también el motor para transformar la ciudad.

Ha criticado al Gobierno de PP-Cs por renunciar a los beneficios de explotación que generará el campo, que ha cifrado en 300 y 400 millones en 75 años, para “obtener un rendimiento electoral”  con su licitación.

Por su parte, el concejal de ZeC, Pedro Santisteve, ha vuelto a poner sobre la mesa la opción de remodelar La Romareda, más barata que la construcción de un nuevo campo. “No han hecho ningún esfuerzo por mantener la titularidad del estadio y desde ZeC no podemos aceptar su privatización”, ha esgrimido para justificar su apoyo negativo.

Desde la bancada de la ultraderecha, el portavoz de Vox, Julio Calvo, ha admitido que el Real Zaragoza en sus estudios económicos es demasiado “optimista” y ha advertido de la “incertidumbre” que genera que no haya tenido en cuenta la situación económica global, el posible aumento de costes de la construcción del campo y las consecuencias que tendría que el equipo no ascienda a Primera.

Además, ha acusado a la DGA de presentar “con mala fe” dos alegaciones que, según ha dicho, tenían el “propósito deliberado de obstaculizar el proyecto”.