Los TSJ empujan al Tribunal Constitucional a hacer funcionario al personal interino en la Administración

La estabilización del personal temporal de la Administración a cuenta de las plazas que ocupan los interinos puede llegar a ser analizada por el Tribunal Constitucional. El asunto llegará a la mesa de los magistrados si el Pleno de la próxima semana admite a trámite una cuestión planteada por el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha contra dos disposiciones adicionales de la ley aprobada a finales de 2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Se trata de las disposiciones adicionales sexta y octava de la norma, que señalan expresamente que las administraciones públicas pueden sacar a concurso, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto Estatuto Básico, plazas ocupadas por interinos antes del 1 de enero de 2016. Según los últimos datos del INE, el número de funcionarios interinos en España supera los 600.000, lo que representa más de un 20 por ciento de este colectivo. 

El Tribunal Superior de Castilla-La Mancha considera que dicha disposición podría vulnerar el derecho de todos los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas (artículo 23.2 de la Constitución). También pide que se valore si la ley choca con lo establecido en la carta magna sobre las competencias del Estado y las administraciones autonómicas al respecto (artículo 149.1.18) antes de resolver un asunto que tienen pendiente en este órgano.

El pasado mes de diciembre, el Tribunal Constitucional ya desestimó, y por unanimidad, un recurso promovido por Vox contra el decreto ley de julio de 2021 con medidas para reducir la temporalidad. En su resolución, de la que fue ponente el magistrado Cesar Tolosa, se apreciaba la existencia de una relación de adecuación de las medidas adoptadas y la situación de urgencia a cuya solución sirven.

Por otro lado, se argumentó que no había infracción de la constitución porque la norma recurrida no lleva a cabo cabo una regulación general del derecho fundamental de acceso a la función pública, ni de su contenido esencial.

Resoluciones de la Justicia

A finales del pasado mes de abril, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJV) fue el primero avalar que un trabajador público interino se convierta en indefinido si viene de estar en fraude. Los magistrados vascos, tal y como informó este diario, invocaban el reciente pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que censura la ley española y abre la puerta a los interinos del personal laboral que sufran abuso a reclamar su fijeza.

Por su parte, el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha ya abordó este asunto en noviembre de 2022, cuando suspendió cautelarmente la oferta a funcionarios de carrera de las plazas ocupadas por un interino desde 2016, tal y como informó en su día el diario económico Cinco Días.

La decisión impidió el cese del funcionario interino afectado por ocupación de la plaza por funcionario de carrera hasta en tanto se resolviera el procedimiento principal, cuyo objeto era precisamente la indebida oferta de la plaza en cuestión a funcionarios de carrera.

La ley cuestionada ante el órgano de garantías busca frenar el abuso de las contrataciones temporales en línea con los pronunciamientos del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Se persigue mejorar la calidad del trabajo de los funcionarios y también evitar los abusos del uso por parte de las administracione públicas de sucesivos contratos de corta duración y temporales. 

Por otro lado, el próximo 13 de junio está previsto que el TJUE vuelva a pronunciarse sobre si la ley española cumple o no los requisitos para los interinos del cuerpo funcionarial, ya que su primer fallo se circunscribía al personal laboral.