Descentralización de la crispación

Diferenciar entre querer y poder es, en ocasiones, fundamental. Me explico. Usted querría comprarse un piso, pero quizá no pueda por los elevados precios del mercado o por su poco boyante situación económica. Dicho así resulta fácilmente comprensible, otra cosa es cuando la acción y la utilización del verbo se plantea en ámbitos más difusos como el político.

El Gobierno de Aragón anunció hace un par de días que recurrirá la Ley de Amnistía ante el Tribunal Constitucional en cuanto se apruebe. Ha recibido el informe del Consejo Consultivo avalando sus tesis de vulneración del principio de igualdad entre los españoles ante la ley y porque afecta a los intereses aragoneses derivados de las relaciones históricas, económicas, sociales y culturales con Cataluña. Los socios PP-Vox califican de legítima su defensa de la unidad de España. Aseguran que el Gobierno de Pedro Sánchez vulnera el estado de derecho y la libertad hasta el punto de que nunca se había puesto tanto en peligro la democracia, la paz y la convivencia de todos los españoles.

Recurrir a los tribunales es un derecho de todos los ciudadanos y también de las administraciones. Faltaría más que un particular o una corporación no pudiera acudir a la justicia para defender lo que considera una agresión en cualquier ámbito. Ahora bien, la cuestión es si la acción es por convencimiento ético o por conveniencia política, que también son dos conceptos interesantes a diferenciar.

Si nos atenemos a la estrategia política de ambos partidos, observamos que los gobiernos autonómicos están imitando a Isabel Díaz Ayuso, es decir, hacer oposición a Pedro Sánchez desde el territorio regional. Tanto PP como Vox comparten el mismo interés de desgastar al presidente del gobierno y mantener en la agenda públicamente asuntos de carácter nacional. Ahora toca la amnistía, pero también lo ha sido la memoria democrática, el Consejo General del Poder Judicial... derogan leyes y presentan iniciativas en parlamentos autonómicos y ayuntamientos para reprobar al presidente, su Gobierno o un ministro con el fin de mantener la polémica de turno en el candelero.

El tiempo que dedican a debatir sobre estas cuestiones de índole nacional por instrucción interna del partido en sede parlamentaria o municipal es el que falta para hablar de problemas que sí pueden solucionar estas administraciones como la vivienda o el transporte público. Sin embargo, prefieren agitar el avispero y traer la crispación de Madrid a lugares donde nunca viviríamos semejante confrontación de forma natural. Artificio, pose, electoralismo... la descentralización está bien, pero no para esto.

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