SUCESOS EN ARAGÓN

Tres años de cárcel por robar cerdos y matarlos sin garantías sanitarias en granjas de Huesca

Dos hermanos que trabajaron como limpiadores de granjas asaltaron una decena de fincas para vender los animales y las herramientas, todo ello valorado en unos 27.000 euros

Imagen de archivo de una granja de cerdos en Aragón.

Imagen de archivo de una granja de cerdos en Aragón. / ÁNGEL DE CASTRO

Un bagaje de tres años como limpiadores de granjas fue tiempo suficiente para que dos hermanos –Alexis y Eduardo L. F.– casi memorizaran las medidas de seguridad de las fincas en las que prestaron sus servicios entre 2015 y 2018. Y es que, desde marzo hasta diciembre de 2019, ambos asaltaron una decena de granjas y almacenes en las provincias de Huesca y Zaragoza al hacerse con todo tipo de herramientas e incluso 56 cerdos y dos terneros a los que sacrificaban y comercializaban a terceros. Ambos reconocieron los hechos ante el Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca y aceptaron una pena de dos años de cárcel por un primer delito continuado de robo con fuerza en las cosas y otro año por un segundo delito contra la salud pública.

Estos fueron los términos del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal y la defensa ejercida por los abogados Joaquín Tortajada, en sustitución de Olga Oseira, y Manuel Arcas, que también recoge el pago de 27.000 euros de indemnización en concepto de responsabilidad civil por los daños ocasionados a los perjudicados. La citada conformidad incluye, además, el pago de otros 540 euros de multa a razón de tres euros diarios durante seis meses.

Los dos hermanos asaltaron granjas en Blecua y Torres, Estadilla, Lalueza, La Almunia de San Juan, La Almunia de Doña Godina, Sabiñánigo y Sena y de allí se llevaron todo tipo de materiales y herramientas como, por ejemplo, grupos electrógenos, puntales de obra o grupos soldadores. A muchos de los citados efectos les daban una salida rápida en el mercado, tal y como hacían también con los animales. A los cerdos y los terneros los sacrificaban en las mismas granjas de las que los robaban y luego los comercializaban «sin las más mínimas garantías sanitarias».

Así se desprende la sentencia, que alude a la existencia de «un riesgo potencial de generar enfermedades infecciosas por el sacrificio y transporte inadecuado de carnes y vísceras», entre ellas, la triquinosis o la salmonella o pasteurella. Por todo ello, el ministerio fiscal solicitaba inicialmente una pena de ocho años de cárcel, cuatro por el delito continuado de robo con fuerza en las cosas y otros cuatro por el delito contra la salud pública.

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