La Universidad de Zaragoza se ha unido a las críticas a los criterios del sistema reformado de acreditación del profesorado que advierten de posibles perjuicios.
De hecho, los rectores han solicitado al Ministerio de Educación analizar «conjuntamente» esos criterios, evaluar su impacto y arbitrar, si se ve oportuno, medidas para compensar «cualquier posible efecto negativo por el cambio de normativa».
En este sentido, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) informó ayer de que ya se ha constituido una comisión mixta entre ambas partes.
La Secretaría General de Universidades publicó en noviembre los nuevos criterios de acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación (Aneca) para acceder a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios de profesores titulares y catedráticos.
La semana pasada, las universidades del G-9 --al que pertenece el campus público aragonés-- rechazaron esos criterios y pidieron que se acuerden con la CRUE. Las universidades de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Oviedo, País Vasco, Pública de Navarra y Zaragoza consideran que la Aneca los ha elaborado «sin negociación» y con unas exigencias que, en algunos casos, «ponen en riesgo» la obtención de la acreditación.
Asimismo, la CRUE reiteró la petición de que se «elimine» la tasa de reposición de personal que se aplica a las universidades y se permita que cada una pueda determinar sus prioridades de contratación, respetando las limitaciones presupuestarias.
