Representantes de las comarcas catalohablantes de Aragón, en la Franja oriental de la comunidad, reunidos hoy en Mequinenza (Zaragoza), han acordado promover cuantas actuaciones sean necesarias ante instancias españolas y europeas para defender la denominación de su lengua y los derechos de sus hablantes.

Así lo han acordado durante la reunión que han mantenido para rechazar la nueva Ley de lenguas recientemente aprobada por las Cortes de Aragón y que elimina el catalán y el aragonés como lenguas habladas en la comunidad.

En el encuentro, que había sido convocado por la alcaldesa socialista de Mequinenza, Magdalena Godia, se ha acordado promover "cuantas actuaciones sean necesarias ante la administración de justicia, Tribunal Constitucional y autoridades europeas para defender la denominación de nuestra lengua y los derechos de sus hablantes".

Tal y como establece la Constitución Española y la Carta Europea de Lenguas Minoritarias ratificada por el Reino de España en 2001, se afirma en el comunicado enviado por la alcaldesa.

Asimismo, en la denominada nueva Declaración de Mequinenza, se comprometen a presentar mociones en todos los ayuntamientos que "impulsen la formación y el prestigio de su lengua, en lugar de convertirla en un elemento de polémica y confrontación".

Y reconociendo a la Universidad de Zaragoza y a las instituciones académicas y científicas la competencia y la autoridad filológica para establecer el nombre de las lenguas propias y las regulaciones y normativas necesarias para garantizar su recuperación, enseñanza y uso habitual en las formas oral y escrita, agrega el documento.

En el mismo se valora, casi treinta años después de la primera Declaración de Mequinenza, el trabajo realizado por el Gobierno de Aragón, presidido por diferentes partidos políticos, en la enseñanza de la lengua catalana en los centros educativos de sus municipios que, con carácter voluntario, tiene matriculados a más de 4.000 alumnos, repartidos en unos 50 centros, durante el presente curso escolar.

Así como el convenio con la administración educativa catalana que ha permitido expedir más 900 títulos de nivel B o C a los alumnos aragoneses desde 2009.

Sin embargo, lamentan el "ridículo universal" que han hecho el Gobierno y las Cortes aragonesas al modificar el nombre de las lenguas propias de Aragón "inventando las referencias lapao y lapapyp para sustituir las lenguas catalana y aragonesa "sin ningún fundamento científico ni académico que avale dicha denominación y con el informe contrario del Consejo Escolar de Aragón".

Por ello, rechazan "rotundamente" los artículos 2 y 5 de la Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, "absolutamente inútiles porque la identidad de una lengua no se establece por una mayoría parlamentaria coyuntural en el tiempo".

Con estas modificaciones, según el documento, el Gobierno aragonés "renuncia" al mandato estatutario de "proteger y recuperar" las lenguas propias de Aragón y "condena definitivamente a muerte" a la lengua aragonesa que aún sobrevive.

Además de dejar "la protección del catalán en manos de la comunidad vecina, a pesar de que la lengua catalana es también una lengua propia, histórica y tradicional en Aragón".

En la Declaración de Mequinenza se expresa la "preocupación" de los vecinos de estos pueblos y de las asociaciones de madres y padres de que estas modificaciones puedan poner en peligro la continuidad de la enseñanza de la lengua catalana y de las titulaciones en los niveles B y C en los centros educativos, si el Gobierno cambia el nombre de la asignatura, su contenido o la cualificación del profesorado que la imparte.

Por todo ello, solicitan la derogación "inmediata" de la nueva Ley de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón y la continuidad de la enseñanza de las lenguas minoritarias propias de la comunidad en los centros educativos, así como su uso en las relaciones de los hablantes con la administración local y autonómica.