La guerra sanitaria declarada por Cataluña a Aragón va a más. Hasta ahora, la Generalitat se limitaba a reclamar una supuesta deuda de 10,5 millones y a derivar a parte de los pacientes aragoneses que recibe hacia el hospital de Barbastro. Pero ayer Antoni Mateu, responsable de la región sanitaria del Alto Pirineo y Arán, precisó que Cataluña solo atenderá a los pacientes aragoneses que lleguen por Urgencias y a los que tengan historial médico abierto en el hospital Arnau de Vilanova, en Lérida, que atiende regularmente a unos 35.000 pacientes procedentes de la Franja.
Sin embargo, esta práctica se traduce en la realidad en que los centros sanitarios catalanes disponen de una gran discrecionalidad a la hora de atender a pacientes aragoneses, que desde hace unos meses son derivados cada vez en mayor número al hospital de Barbastro, Huesca o Zaragoza.
Esa actitud ha provocado un gran malestar en los pueblos y ciudades de la Franja que están más cerca de Lérida y que tienen problemas de comunicación con Barbastro. De hecho, ayer mismo, más de 30 alcaldes de la zona limítrofe con Cataluña se reunieron en Binéfar para adoptar una postura común frente a una política sanitaria en Cataluña que consideran que perjudica gravemente a la población de la Franja. Las palabras del responsable sanitario catalán debían calmar en teoría a los aragoneses que acuden a Cataluña a recibir asistencia médica, pero surtieron el efecto contrario.
COMPÁS DE ESPERA La Diputación General de Aragón manifestó ayer que la Generalitat no le había manifestado su nueva postura de forma oficial. "La ley es tajante y clara y dice que todos los ciudadanos españoles podrán recibir atención en cualquier hospital", señaló ayer un portavoz de la Consejería de Sanidad de la DGA.
En cualquier caso, el Ejecutivo aragonés está "a la espera" de que el Gobierno central se pronuncie sobre el problema para saber a qué atenerse. "Consideramos que este asunto no se puede enfocar de forma bilateral, dado que es un tema de interés nacional y que afecta a más comunidades limítrofes, no solo a Aragón y Cataluña", añadieron las mismas fuentes.
El Gobierno aragonés sostiene que hace unos meses, cuando estalló la polémica por los recortes en la sanidad de Cataluña, la ministra de Sanidad, Leire Pajín, "se puso del lado de Aragón" y anunció que celebraría una reunión con ambas autonomías. Sin embargo, "ha pasado el tiempo y todavía seguimos esperando que la ministra convoque ese encuentro", subrayaron ayer fuentes del Pignatelli.
Las declaraciones del consejero catalán de Salud coincidieron ayer con la reunión de Binéfar, donde los alcaldes de la Franja manifestar que están "muy preocupados" por la "grave situación" creada desde que el hospital de Lérida ha empezado a derivar al centro sanitario de Barbastro a numerosos aragoneses que tradicionalmente recibían asistencia sanitaria en Cataluña.
De la reunión salió un documento en el que se aboga por celebrar una cumbre sanitaria entre Aragón y Cataluña para resolver el problema y se denuncia que el Ejecutivo de Artur Mas, con su actitud, "puede estar incumpliendo" el convenio que rige la atención sanitaria entre ambas comunidades, que tiene diez años de duración y se firmó en el 2005.
CUMPLIMIENTO "Hay que cumplir el convenio", aseguró ayer taxativamente Antonio Fondevila, presidente de la comarca de La Litera, que acogió la reunión de alcaldes de la Franja, al tener conocimiento de la negativa catalana a atender a pacientes de la zona aragonesa fronteriza con Lérida y Tarragona. "El convenio debe cumplirse, está vigente, y ninguna de las dos partes que lo firmaron lo ha denunciado", insistió Fondevila, que vigilará la aplicación de la normativa.
