Pocas veces un resumen de 21 folios ha soliviantado a tantos colectivos. El proyecto de ley de Servicios Profesionales que prepara el Gobierno propone, en sus líneas maestras, modificar las reservas de actividad --las atribuciones restringidas a algunas profesiones-- y liberalizar la colegiación en algunos ámbitos, entre otras medidas, para fomentar la competencia. La mayoría de colegios profesionales han conocido el plan a través de un power point que circula por la red con membrete del Ministerio de Economía, y quizá por ello muchos rehúsan comentarla hasta tener algo más tangible. Pero las líneas maestras no convencen.

Javier Nieto, decano del Colegio de Economistas, señala que la "verdadera revolución" sería principalmente para procuradores --se elimina la incompatibilidad con los abogados-- y los farmacéuticos, que ya no tendrían la exclusividad ni en la propiedad de las boticas (sí en su dirección) ni en la elaboración de los medicamentos. Como otros sectores, coge la reforma con pinzas. "Iban a debatirla a final del año pasado y a estas alturas, no hay ni texto", señala.

AGRESIVIDAD El Ministerio de Economía sostiene que por cada 1% de reducción en los márgenes de los servicios profesionales la economía podría aumentar una décima. Pero los consultados no creen que compense. Nieto explica que el proyecto les mantiene la reserva en auditorías y actuarios de seguros, pero deja de lado su papel en la administración concursal. "Aprovechan la normativa europea para hacer más de lo exigido".

Además, señala que la ley de Ventanilla Única habilitó a los colegios para recibir quejas y sancionar internamente a los profesionales, competencia que mantendrán. "Nos quitan las prebendas pero no los castigos, son muy agresivos con nosotros frente a otros sectores", señala.

EXCLUSIVIDAD No todos lo ven así. Los Ingenieros Industriales, según explicó el decano de su colegio, Luis Soriano, verán ampliadas y clarificadas sus competencias. "En el tema de la colegiación, somos neutros, ya que lo del pago único para trabajar en toda España ya lo teníamos. En las competencias, elimina la exclusividad de atribuciones fronterizas con los arquitectos", una antigua demanda del colectivo.

El ingeniero señala casos "curiosos" que se dan hoy, y que la norma resolvería. "Por ejemplo, podemos hacer la inspección técnica de edificios, pero no de la vivienda del portero. O diseñar un pabellón polideportivo, pero no un multiusos".

Los profesionales parecen coincidir en que la liberalización de la colegiación será un problema más para los usuarios que para los profesionales. Un buen ejemplo son los administradores de fincas, como señala el decano Miguel Ruiz. "Aquí tenemos seguros de responsabilidad civil y de crédito y caución. Sin ellos, a ver quién le piden responsabilidad", expone.

"La OCU nos envía a veces casos de conflictos en fincas que no tienen administrador, para resolverlos. Sin control colegial, esto se generalizará, aumentará el intrusismo y las malas artes. Es una barbaridad", concluye.

La supuesta rebaja de precios que traería la norma tampoco es compartida por todos. De hecho, según Nieto, del colegio de Economistas, los honorarios mínimos ya están fijados.

La Unión Profesional, que agrupa a 32 consejos generales de colegios, defiende la liberalización pero con una "regulación equilibrada" que complemente la supervisión colegial, según expone su presidente, Carlos Carnicer. Si esta no existiera, advierte, "la confianza de los consumidores en los servicios prestados por los profesionales decaería gravemente".

El Gobierno acomete la reforma siguiendo las recomendaciones del Consejo de la UE, un desarrollo de las leyes Ómnibus y Paraguas de hace cuatro años. La Comisión Nacional de la Competencia reclamó al Ejecutivo que acelerase la reforma. En su último informe sobre los colegios concluía que seguían restringiendo la competencia y limitando el acceso a las profesiones.