La consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad de la DGA, Ángela Abós, declaró ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) como imputada por un presunto delito de mobbing o acoso laboral.

Los hechos investigados datan de su época de presidenta del Consejo Social de la Universidad, cargo que dejó tras su nombramiento como consejera de la DGA a mediados del pasado mes de junio en la crisis abierta por la salida del Gobierno de Eduardo Bandrés.

La querellante es una antigua secretaria del consejo --M. T. D.-- que regresó a su puesto de trabajo después de que el Tribunal Constitucional (TC) declarara nula una sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Zaragoza, que convalidó el despido, y otra del propio TSJA, que lo consideró improcedente sin reincorporarla. El TC ordenó su reingreso y que fuera indemnizada con 300.000 euros. Era marzo del 2005. Había sido despedida en 1999, cuando presidía el consejo Ramón Alfonso, con quien mantuvo diferencias de carácter laboral, y el rector era Juan José Badiola, que firmó la resolución para su cese. El TC concluyó que se había vulnerado su "derecho a la indemnidad"; es decir, que había sido represaliada.

Pese a tratarse de un puesto habitualmente ocupado por personal de confianza, M. T. D. disponía de un contrato de carácter laboral, no supeditado a las decisiones personales de quien dirigiera el organismo.

Tras su regreso, el consejo tenía dos secretarios: la despedida irregularmente y el nombrado después. El Rectorado, dirigido por Felipe Pétriz, suspendió en abril del 2005 el cese del segundo, que, de hecho, desempeñó las labores del cargo. Lo hizo argumentando que la decisión sobre el puesto de secretario tenía "relación" con las competencias de Abós.

M. T. D. denunció que, pese a su readmisión, en la práctica quedó apartada de cualquier función relacionada con el puesto que había recuperado tras desempeñarlo durante doce años, de 1987 a 1999: no gestionaba llamadas telefónicas, no tramitaba documentos y llegó a ser colocada en una mesa sin ordenador y con uno que no tenía acceso a los programas, sostiene. Esa situación laboral le provocó un cuadro de ansiedad y un estado de depresión que se prolongó durante un año y medio

Una vez recuperada, optó por llevar el caso a los tribunales. La acusación incluye cuatro delitos. Alternativamente, uno contra la integridad moral --hasta dos años de cárcel-- o contra los derechos laborales --hasta tres--, además de otro de lesiones de carácter psicológico --hasta tres-- y uno de desobediencia --hasta dos años de inhabilitación--.