El Supremo reabre el debate sobre la legalidad de la 'autopista eléctrica'

La legalidad de la autopista eléctrica vuelve a estar en tela de juicio. El Supremo ha ordenado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que tramite el recurso en el que una familia de Escatrón pide anular las resoluciones por las que el Ministerio de Industria declaró, en el 2006, la utilidad pública de una línea de alta tensión entre esa localidad y Castelnou (Teruel) y aprobó su proyecto de ejecución. También reclama, de hecho, revocar la declaración de impacto ambiental de la infraestructura.

Industria autorizó en mayo del 2006 a la empresa catalana Global 3 Combi a instalar en Escatrón una central termoeléctrica de ciclo combinado con una potencia de 277 megavatios. Un año antes, la DGA había otorgado a esa empresa una autorización ambiental integrada que caduca el 30 de diciembre de este año. La línea eléctrica de alta tensión tiene como finalidad transportar la energía que produzca la central hasta la subestación Aragón.

TRAMOS La línea Escatrón-Castelnou es en realidad el tramo sur de la autopista eléctrica, una infraestructura que desde hace más de treinta años encuentra la oposición de grupos ecologistas y de territorios afectados por su trazado. Este fue, no obstante, en que menor contestación desató en su día.

El planteamiento inicial consistía en que Francia vendiera electricidad procedente de su zona sur al área norte de Portugal con la colaboración de España y mediante un sistema de compensación a tres bandas.

Las eléctricas españolas efectuarían el suministro desde las centrales gallegas, mientras que la energía procedente de Francia tendría como destinos principales las áreas industriales de Barcelona y Valencia, aunque iban a ser las provincias de Huesca, Zaragoza, Teruel y Lérida las que soportarían el paso de la infraestructura.

Tras décadas de polémica, los tres gobiernos afectados decidieron entrada la década de los 90 cambiar de estrategia: a falta de decidir por dónde entra en España la acometida procedente de Francia, sustituyeron el proyecto de la autopista eléctrica por la ejecución de sus tramos por separado (Sentmenat-Isona, Isona-Graus, Graus-Peñalba, Escatrón-Castelnou) como si no tuvieran relación entre ellos.

PLEITO El planteamiento de los demandantes en el recurso cuya tramitación ha ordenado el Supremo afecta de lleno a la legalidad de la contestada infraestructura, ya que en caso de prosperar obligaría a Industria --en el mejor de los casos-- a tramitar de nuevo la autorización y a someterla al control de los órganos ambientales, gestiones cuya materialización requeriría varios años.

El Supremo indica que la decisión del TSJM suponía restringir, "sin base jurídica suficiente", las posibilidades de los afectados para defender sus intereses.