El anteproyecto de ley omite uno de los aspectos más polémicos del borrador que, en forma de Power Point, circuló por internet desde finales del año pasado: la separación entre la titularidad de la farmacia y la propiedad. Es decir, el dueño de la botica no tendría por qué ser licenciado, ni colegiado. Tampoco dice específicamente que eso no vaya a ser así, ya que deja los detalles para un posterior debate en comisión.

Algo que, para el decano de los farmacéuticos aragoneses, Ramón Jordán, abre una puerta peligrosa hacia la desaparición del modelo mediterráneo de farmacia. "En España, conseguimos llegar al 99% de la población, con un modelo orientado al paciente y a al acceso universal a los medicamentos. En el modelo anglosajón, que es el que parece que quieren imponer, los propietarios son grandes laboratorios que establecen las oficinas en los lugares que son rentables, es decir, las grandes ciudades. Los que no viven en ellas tienen que desplazarse para comprarlos", explica.

A ello se añade algo que sí nombra el anteproyecto, la revisión del escalado de deducciones. Es decir, lo que los farmacéuticos han de devolver a la Seguridad Social en función de lo que vende. Y no parece que esta revisión sea para pagar menos. "Estaremos atentos a esto. Sería interesante que el Gobierno supiera la situación de las oficinas de farmacia, toda la carga que los farmacéuticos soportamos. LLegará un momento en que no podamos asumir más, y las oficinas rurales ya lo están pasando bastante mal", advierte el farmacéutico.

Para Jordán, conviene recordar "que las farmacias de los pueblos son, a menudo, el único establecimiento sanitario en la zona, y con el modelo anglosajón, basado en el rendimiento económico, podrían desaparecer". F. M. H.