El convenio que, desde hace escasas semanas, ofrece el Salud para garantizar la atención sanitaria, a través de una contraprestación económica, a los usuarios que perdieron la tarjeta sanitaria tras la aplicación, hace un año, del decreto de medidas para garantizar la sostenibilidad, no cuenta con "ninguna" adhesión. Eso aseguró ayer el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, en las Cortes, donde apeló a la "asistencia a todo el mundo" para explicar esta ausencia de interés en el convenio, que se concretará en una normativa autonómica en próximas fechas, con la única limitación de la farmacia. "Si en Aragón ya tienen la asistencia gratuita para qué van a pagar 700 euros al año", dijo.

Porque Oliván volvió a insistir en que en la comunidad "no se ha dejado de atender a nadie" tras la aplicación del decreto e invitó a la oposición a dar "nombres, apellidos y centros" donde no se haya atendido a alguien. "Yo mismo di instrucciones en agosto de que se atienda a todos, por lo que si alguien no lo hace estará incumpliendo sus funciones", advirtió.

15.000 TARJETAS MENOS Sin embargo, el consejero admitió que 15.000 inmigrantes en situación irregular dejaron de tener tarjeta sanitaria con la entrada de dicha norma, "pero eso no significa que no se sigan atendiendo", subrayó, aunque la oposición, principalmente IU y CHA, apelaron a casos expuestos por colectivos sociales para denunciar desatenciones a este colectivo.

Asimismo, ambas partes chocaron al debatir la eficacia del Programa Aragonés de Protección Social en materia de salud pública, que garantiza la atención a inmigrantes en situación irregular con renta por debajo del IPREM y que hayan estado empadronados en la comunidad un mínimo de seis meses. IU achacó a la "falta de información" a los usuarios el hecho de que la Administración apenas haya recibido 348 solicitudes..

En el balance del periodo de vigencia de las nuevas reformas, el titular del Departamento de Sanidad expuso un ahorro de 68 millones de euros en gasto farmacéutico entre julio del 2012 y julio del 2013, en comparación con el mismo periodo anterior. De ellos, 14,6 corresponden al incremento de aportación de los usuarios, 10,7 de los fármacos que se han dejado de financiar y 44,7 millones, "por otras medidas para el uso disuasorio de medicamentos", indicó.

El copago farmacéutico ha supuesto a los pensionistas un desembolso medio del 5.8% del precio del medicamento y 3.17 euros al mes.

La exposición de Oliván topó con una severa crítica de la oposición. Así, el diputado socialista Eduardo Alonso subrayó que el real decreto se "ha cargado" la universalidad de la asistencia sanitaria y ha dejado fuera del sistema a inmigrantes sin papeles y dijo a Oliván que "no está bien que hable de las bondades" del mismo porque "no ha hecho más que fastidiar a los ciudadanos".

Nieves Ibeas, de CHA, exigió un "giro rotundo" en sus políticas y Patricia Luquin, de IU, le acusó de "desmantelar" el sistema público de salud.