Los cinco detenidos en Borja, en una operación en virtud de la cual ha sido enviado a prisión provisional el párroco del pueblo, Florencio Garcés, deberán comparecer en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tarazona cada quince días, los días 1 y 15 de cada mes.
Tras declarar ayer ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tarazona, Nieves Pérez, la juez ha enviado a prisión provisional al sacerdote, mientras que a estos cinco detenidos, miembros de una misma familia, les ha dejado en libertad con cargos, sin fianza, y con la obligación de comparecer en el juzgado cada vez que se les requiera y quincenalmente.
A estas cinco personas, les imputa un presunto delito de extorsión y pertenencia a banda organizada, según ha explicado hoy a EFE Sergio Pérez, el abogado que defiende a estas cinco personas.
El ministerio fiscal pedía prisión provisional para uno de ellos, si bien la juez no adoptó esta medida preventiva.
El párroco de Borja, Florencio Garcés, imputado por apropiación indebida y contra la libertad sexual, ha ingresado anoche en el centro penitenciario de la localidad zaragozana de Zuera, después de que la juez decretara para el sacerdote prisión provisional comunicada y sin fianza.
A los otros cinco detenidos de una misma familia en la operación "Espino", la Guardia Civil les imputaba también blanqueo de capitales, delito que al final no les imputa la juez, siempre según la defensa.
El abogado ha pedido prudencia porque el asunto está en fase de instrucción y no quiere decir ni siquiera que se vaya a abrir juicio.
Según ha dicho, la acusación se basa principalmente en las declaraciones de dos testigos, uno que está protegido y el otro, que, según el abogado, había sido denunciado por el cura por presunta estafa.
La extorsión, de la que se les acusa a los miembros de esta familia, es contra el sacerdote, que por su parte niega que exista esta, según ha afirmado.
El párroco compareció ayer de nuevo después de que el ministerio fiscal solicitara nuevas diligencias en el caso.
La juez imputa al sacerdote dos delitos, uno de apropiación indebida gravada y continuada de más de 185.000 euros de fondos parroquiales, y otro contra la libertad sexual.
Al párroco de Borja, localidad que se hizo famosa tras una polémica restauración que se hizo a un eccehomo de una iglesia, sí se le había retirado el pasado domingo el pasaporte, no así a los cinco detenidos, a los que la juez no aprecia riesgo de fuga.
