Zaragoza urge la ley de Capitalidad para paliar los efectos de la local

Ley de Capitalidad y reforma local. Los dos grandes quebraderos del Ayuntamiento de Zaragoza. Aunque ambas son urgentes y los grupos municipales exigen agilidad en sus negociaciones, el consistorio insiste en que no puede esperar a que se apruebe la Ley de Capitalidad para aclarar con la DGA qué pasará con las competencias impropias que hasta ahora ha asumido y que sigue prestando.

El vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, duda sobre las posibilidades de que esta ley se apruebe en los próximos meses. "Si la ley de Capitalidad llega a fin de año no sirve para los once meses anteriores" porque "cada servicio tiene un problema y no se puede esperar a fin de año para dar una solución a la prestación", dijo, en relación a la pérdida de competencias tras la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

En el 2014 estará aprobada. Es lo que sí sabe y que ayer se encargó de recordar el consejero de Política Territorial e Interior, Antonio Suárez. "Si queda alguna duda, la ley se resolverá", aseguró el consejero que insistió en que "lo más importante es que existe un compromiso del Gobierno de Aragón para que en 2014 esté aprobada la Ley de Capitalidad que va a recoger amplias competencias para la capital aragonesa". Suárez subrayó que el traspaso de las competencias en materia de sanidad, educación y servicios sociales va con demora y está supeditado, además, a la reforma de la financiación autonómica y local, también sin aprobar.

CONSECUENCIAS Por ahora se conoce la partida que el Ejecutivo destinará a las comarcas, alrededor de 60 millones de euros, pero no la necesaria para prestar unos servicios que hasta ahora eran obligación municipal así que, Gimeno, adelantó que el Gobierno de Rudi tiene "límites" para poder satisfacer estas competencias.

Pero el tema es "muy complejo", según el vicealcalde. Ayer el consistorio hizo llegar tanto a los grupos municipales, muy preocupados --CHA e IU-- sobre qué pasara en los próximos meses, y al Gobierno aragonés el informe técnico realizado por expertos jurídicos de la Universidad de Zaragoza. En este se evalúan las consecuencias de la ley, que supondría la pérdida de 760 puestos de trabajo y 106,2 millones de euros, tomando como referencia el coste que supuso en el 2012 prestar los servicios básicos. Destaca el área de Educación que perderá 105 empleados en las escuelas infantiles y las artísticas; los 78 de centro de convivencia de mayores; los 63 de la residencia municipal Casa Amparo; o los 33 puestos directos de la Casa de la Mujer. No obstante, para los Servicios Sociales existe un convenio que garantiza su prestación durante los dos próximos meses.

El próximo paso es fijar las reuniones con los técnicos de ambas Administración. Lo primero será definir cómo se abordará los distintos servicios. Unos encuentros en los que la DGA tiene la última palabra porque es quien tiene las competencias. El vicealcalde informó de que no se han fijado fechas para llegar a un punto de encuentro aunque, en un mes le gustaría haber avanzado.