El Ayuntamiento de Zaragoza realojará a 16 familias que serán desahuciadas durante este mes. Lo hará de forma subsidiaria después de que la DGA haya admitido que no dispone de viviendas para ofrecerles una alternativa. Desde el consistorio alertan de la "emergencia habitacional" que existe en la ciudad --y en Aragón-- e insta al ejecutivo autonómico a que tome medidas para solventar esta situación.
El concejal de Vivienda, Pablo Hijar, se comprometió ayer a realojar a todas las familias que están pendientes de un desalojo durante este mes. Y lo hará con todas sus consecuencias.
A día de hoy el ayuntamiento no dispone de inmuebles que estén listos para ser habitados de forma inmediata, por lo que están trabajando a contra reloj para acometer los trabajos necesarios, que en muchos casos se reduce a amueblarlos y pintarlos. Además, el parque municipal ronda las 50 y 70 viviendas y, de dar respuesta a los 16 desalojos, no quedarían pisos disponibles el próximo mes, cuando se repita esta situación. Hijar fue muy claro: "No estamos preparados en este momento para resolver la que se nos viene encima en octubre".
El consistorio no puede abordar esta realidad en solitario, aseguró el concejal en referencia a la inacción de la DGA en materia de Vivienda que ha remitido los expedientes al consistorio para que se haga cargo. Hijar exigió al Gobierno aragonés más inversión para aumentar el parque de vivienda social. "Si la DGA no asume la responsabilidad de dotar con más inmuebles al plan, el ayuntamiento difícilmente puede cumplir con sus estrategia diseñada", señaló.
El responsable de Vivienda calcula que hasta final de año el consistorio se tendrá que dar alojamiento a más de 90 familias. Actualmente, según informó además de las 16 familias que están a punto de perder su casa, hay 20 más que a través de la plataforma Stop Desahucios están realizando los trámites para evitar ser desalojadas y otras 30 que lo están haciendo mediante la oficina municipal.
REUNIÓN // Precisamente ayer se reunió la DGA con Stop Desahucios. En el encuentro, el Gobierno autonómico, además de admitir que no dispone de viviendas para afrontar esta situación de emergencia, se comprometió a tener antes de final de año el nuevo decreto de vivienda. Esta nueva norma flexibilizará los requisitos de acceso a los alquileres sociales y regulará, entre otras cuestiones, la moratoria y el realojo obligatorio para los desahuciados.
Desde la plataforma explicaron que en septiembre y octubre sí que ha habido más desahucios tras la paralización de los juzgados en agosto. No obstante, negaron que haya aumentado el número.
La directora General de Vivienda, Mayte Andreu, admitió que la DGA dispone de 29 viviendas en la Bolsa de Alquiler Social mientras que se han concedido 765 de las cerca de 3.950 solicitudes iniciales.
