El abogado de la exalcaldesa de La Muela María Victoria Pinilla, principal acusada de la operación Molinos, la sacó ayer limpia de polvo y paja penal en su última intervención. A falta del importante detalle de lo que opine el tribunal que la juzga, claro. Para el letrado Santiago Palazón, la exprimera edila muelana no cometió --o no está probado que lo hiciera-- ninguno de los 35 delitos por los que la Fiscalía pide para ella 35 años de cárcel y 25 millones en multas, entre otras cosas.
La teoría jurídica que elaboró Palazón parte de que la fiscala le retiró el principal delito de prevaricación, el que (ya no) habría cometido al poner a su compañero de banquillo Julián de Miguel, y su empresa Aranade, al frente del desarrollo urbanístico de La Muela, en 1999.
Al retirar este cargo --según fuentes jurídicas consultadas, por necesidades del acuerdo de conformidad alcanzado con De Miguel--, tuvo que modificar el de cohecho (soborno), que de hecho rebajó de siete a seis años de prisión. Porque la variedad de la que ahora la acusan no deriva de un delito --la prevaricación, tomar una decisión injusta a sabiendas--, sino que requiere un acto injusto, que no llegue a delito. Y ese acto injusto de contratación de Aranade nadie lo ha juzgado nunca, incluso estaría prescrito si se juzga por lo Mercantil.
DONACIONES
En cualquier caso, además de que el cohecho no tenga base, tampoco existió, afirmó Palazón. Porque los lujos --por más de 2,8 millones de valor-- que De Miguel afirmó haber pagado a la familia de la exalcaldesa fueron "donaciones", para el letrado. Es cierto que el responsable de Aranade confesó haberlos dado, pero de su patrimonio, y no mencionó que fueran como recompensa por nada ilegal, sino por "dejarle hacer" en su trabajo.
Sin cohecho ni prevaricación que lo funde, razonó Palazón, todas las supuestas corruptelas basadas en este clima de confianza, se caerían. Aún así, las fue explicando una a una, con los delitos no cometidos y la falta de pruebas de los mismos. En parte apoyado por las "excelentes exposiciones" de los demás abogados, ya que fue el último.
Curiosamente admitió que los más difíciles de justificar son los cargos de menos entidad económica, como las comidas o teléfonos móviles pagados a cuenta del dinero municipal. Y aquí ofreció un curioso argumento, basado en la declaración de una secretaria de Pinilla.
Según esta, la exalcaldesa y su familia colaboraban en el cuidado y organización de actividades municipales, porque "no dejaba de ser un pueblo", y como tal no es tan raro que se recompensaran del bote con algún detalle. Varios Iphone, por ejemplo.
