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Pioneros de derecho y ley

Las Cortes de Aragón aprobaron la semana pasada por unanimidad dar cobertura legal como turno de oficio a servicios de atención que el Colegio de Abogados de Zaragoza impulsó a nivel estatal

Las Cortes de Aragón dieron la semana pasada su apoyo unánime a la inclusión como justicia gratuita, con la estabilidad institucional y presupuestaria que eso conlleva, a diversos servicios de asesoría y orientación jurídica a mujeres víctimas de violencia machista, inmigrantes y presos que el Colegio de Abogados de Zaragoza, y luego los de toda la comunidad, llevaba prestando dos décadas.

Unas iniciativas de justicia universal que fueron pioneras en España desde la capital aragonesa y ahora se han visto refrendadas, con el mismo carácter rompedor, con la legislación autonómica aprobada la semana pasada.

La iniciativa del PP contó con el apoyo de todos los grupos políticos, incluso algunos intentaron ir más allá e incluir como beneficiarios a los jubilados. No pudo ser, pero la ley tampoco cierra la puerta a hacerlo en un futuro. Aún así, lo conseguido es un paso histórico para los letrados, que en muchos casos han estado manteniendo el servicio con absoluta precariedad (o directamente, no cobrando) en favor de sus beneficiarios.

A falta de ver cómo se desarrolla la norma aprobada, la prestación de estas asesorías gana estabilidad, y elimina la incertidumbre en la que han vivido los colegios con las «privatizaciones», «externalizaciones» o simplemente «licitaciones obligatorias» de los servicios, según a qué institución se preguntara.

Avatares

Así ocurrió hace pocos años con el Servicio de Asesoría y Orientación Jurídica a Inmigrantes (SAOJI), que quedó fuera de la esfera del colegio hace pocos años, aunque tuvieron que volver a asumirlo. Y más recientemente con la asesoría telefónica a las víctimas de violencia machista, servicio que igualmente fue asumido de nuevo por los colegios.

Ahora, una vez que se desarrolle su reglamento, será el Gobierno de Aragón quien se encargue de costear estos servicios a los colegios, que ya no tendrán que recurrir a conceder premios a sus propios servicios para que, al menos, quienes los prestan cobren una propina.

El hecho de que la DGA asuma los costes no eliminará las polémicas, como bien se vio con el turno de oficio esta legislatura, tras la protesta por la infradotación presupuestaria inicial y la petición de actualizar los baremos y facilitar los trámites que realizaron los letrados, con despidos incluídos en el colegio zaragozano por falta de fondos.

Pero sin avanzar futuras polémicas, los abogados han acogido con alegría esta ley, como mínimo como fuente de estabilidad y reconocimiento a una labor desempeñada en favor de quienes menos ayuda tienen.

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