El ayuntamiento pide endurecer la ley contra la okupación de viviendas

El Ayuntamiento de Zaragoza expresó ayer su rechazo y preocupación por la okupación de dos pisos de obra nueva en un bloque de la calle Gil Berges, en pleno Casco Histórico, y consideró «imprescindible» modificar la normativa nacional para que haya una ley contra la apropiación ilegal de viviendas que «busque soluciones para las personas que sí sufren situación de desamparo», pero que, al mismo tiempo, «proteja a los propietarios» y sea inflexible con situaciones como esta relacionadas «con mafias, okupas violentos y conductas delictivas».

El consistorio, presidido por el popular Jorge Azcón, reaccionó así al caso de usurpación de pisos denunciado ayer por este diario, que está generado inquietud entre los vecinos de la zona por los problemas de inseguridad y vandalismo que ocasionan los inquilinos ilegales. Ante situaciones como esta, el equipo de gobierno municipal, en manos desde hace un mes de PP y Ciudadanos, aboga por una legislación «que permita que la policía pueda actuar de manera rápida para desalojarlos cuanto antes» y que dote de armas jurídicas a las comunidades de propietarios «para protegerse de las okupaciones y acelerar los desalojos».

Según el ayuntamiento, este caso pone de relieve «los problemas gravísimos de inseguridad y convivencia que generan la okupación y sobre todo las mafias que han aflorado en torno a este fenómeno». En este sentido, lamentaron la «irresponsabilidad» con que se ha abordado por parte de la izquierda este asunto y culparon al anterior gobierno municipal de haber «minimizado» este problemática «empeñándose en ver a todos los okupas como personas inofensivas y en exclusión social». «Hay realidades muy distintas ante las que los propietarios legítimos se ven impotentes e indefensos», añadieron.

Sobre el endurecimiento de la normativa antiokupación, recordaron que el pasado mes de marzo PP y Cs votaron en el pleno municipal una moción presentada con este fin por el primer grupo, una propuesta que fue rechazada ZeC, PSOE y CHA. «Sólo con ese cambio de normativa será posible actuar ágilmente contra situaciones como la del edificio de la calle Gil Berges».

Fuentes de Divarian, la sociedad inmobiliaria del BBVA y el fondo Cerberus que es dueño de los pisos okupados, ratificaron que han presentado una demanda por la usurupación de sus viviendas y defendieron las acciones tomadas para hacer frente al problema sufrido. «En todo momento se está en contacto con la comunidad de vecinos para tomar las medidas oportunas», apuntaron en una respuesta escrita a preguntas de este diario. «Se está trabajando con eficacia en todo lo que les corresponde para dar una solución a esta situación con la mayor celeridad posible», añadieron.

DESIDIA

Los vecinos de la finca afectada no están de acuerdo con esta versión y expresaron su «indignación» por la actitud del BBVA a la hora de afrontar esta delicada situación. Denunciaron que el banco interpuso la demanda civil cinco días después de la okupación de los pisos y que tiene una «nula colaboración» con la comunidad de vecinos. «Los han tenido abandonados durante años, no les han prestado ninguna atención y hemos sido los vecinos los que hemos velado por sus viviendas», aseguran los residentes. «No han controlado a sus intermediarios y solo han puesto alarmas una vez que el daño ya estaba hecho», lamentaron. «El primer día nos dijeron que pensaban que este tipo de cosas solo pasan en otros barrios, pero ya se ve claramente que nadie está a salvo», explicaron.

Desde la comunidad de vecinos recalcaron que la situación dista de estar bajo control y que anteayer por la noche se produjo un nuevo intento de okupación de otro piso, en este caso del portal del inmueble que da a la calle Fuenclara. Apuntaron además que sospechan que fue un «intermediario inmobiliario quien proporcionó la llave a los okupas en venganza por su despido».