La denuncia de un particular a un despacho de abogados de Zaragoza ha puesto a trabajar de urgencia al ayuntamiento de la capital en un problema de calado que lleva décadas sin resolverse. También porque la sensación de indefensión no se había palpado tanto como ahora. La cuestión se resume fácilmente: la gran mayoría de los despachos profesionales abiertos en la ciudad se encuentran en situación irregular desde el punto de vista urbanístico. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en el 2001 establecía la prohibición de instalar actividades como estas en plantas superiores a un primer piso. Como máximo les deja hacerlo en la planta baja o en esa primera altura, pero se calcula que hay "entre 5.000 y 10.000 despachos" en pisos superiores y, por tanto, incumpliendo la normativa vigente.
En este paraguas de limbo legal se engloban profesionales como abogados, procuradores, notarios, médicos, fisioterapeutas, constructoras, asesores fiscales y laborales, y un largo etcétera de actividades instaladas en bloques compartidos con viviendas y que, en su gran mayoría, incluso desconocen esta situación irregular de las oficinas que ocupan. Todos ellos están desde hace años al albur de que cualquier ciudadano pueda denunciar y la Administración, en este caso el ayuntamiento, acabe teniendo que dar la razón a quien lo haga. Una circunstancia que en los últimos años solo ha apuntado a "tres casos" en Zaragoza y casi siempre acaba archivado por otros motivos. Hasta que, como en la denuncia antes mencionada, el funcionario que la tramita no solo da la razón al particular sino que además ordena el "cese de la actividad" que llega a calificar de "clandestina".
Objetivamente, ese despacho profesional está incumpliendo lo que marca el PGOU del 2001 en Zaragoza, pero si este precedente se llevara a término, acabaría salpicando a miles de despachos en la capital aragonesa. Desde el Colegio de Abogados aseguran que "el 90% de los actuales están en plantas superiores" a esa primera altura, mientras letrados como Santiago Palazón, que hace años también fue funcionario del consistorio zaragozano, estima que podría haber "unos 2.000" letrados con oficinas en esta misma situación y, ampliando el abanico a otros profesionales, "entre 5.000 y 10.000" que urge legalizar por la vía de urgencia.
Desde el consistorio al menos están dispuestos a trabajar en esa modificación del PGOU que lleva 20 años vigente para regularizar estos despachos
Eso es, exactamente, lo que parece que va a suceder. Desde el consistorio al menos están dispuestos a trabajar en esa modificación del PGOU que lleva 20 años vigente para regularizar estos despachos porque, no solo afecta a estos profesionales sino también a los clientes a los que prestan sus servicios y que, sin un lugar fijo en la ciudad, sería imposible atender. Pero la situación puede ser incluso más complicada porque, por ejemplo, la gran mayoría de despachos de abogados acabaron por transformarse en el 2006 en sociedades limitadas profesionales y con ello modificando el titular jurídico de esos negocios.
¿Por qué eso complica todo? Porque el ayuntamiento, en declaraciones a este diario, apostilla que esta irregularidad con la normativa que fijaba el PGOU del 2001 dejaba al margen a aquellos despachos que estuvieran ya instalados con anterioridad a ese año, "no tenía carácter retroactivo", de manera que solo apuntaría a los que se abrieran en las últimas dos décadas. Ahora bien, si el titular cambia al transformarse en esas nuevas sociedades limitadas, prácticamente todos entran en esta especie de ruleta rusa. Y son muchos los que atienden a sus clientes en una segunda, tercera, cuarta planta o más en edificios de Zaragoza, especialmente en el centro de la ciudad, que es donde se concentra el mayor número de ejemplos de despacho-vivienda.
Palazón asegura que "el Colegio de Abogados ya ha pedido una reunión urgente con el responsable de Urbanismo, Víctor Serrano, y el gerente, Miguel Ángel Abadía" para "abordar este tema que solo tiene una solución, la modificación del Plan General, para mitigar los efectos de una norma que tuvo sentido hace 30 años pero no ahora, está obsoleta".
Y es el Colegio de Abogados el más indicado para mover este asunto porque, además, preside la Asociación de Colegios Profesionales de Aragón. Ahora mismo, la situación de todos esos negocios es de incertidumbre tras lo ocurrido con la denuncia a un bufete: "Esto es como si un peatón cruza un semáforo en rojo y enfrente hay un Policía, que te puede advertir o regañar o imponerte una sanción por incumplir las normas de tráfico", argumentaba el abogado.
El bufete de Víctor Serrano, "legal" en un cuarto piso de Tenor Fleta
El responsable de Urbanismo en Zaragoza, Víctor Serrano, esta semana se mostraba tajante respecto a lo ocurrido con un bufete de abogados instalados en una planta superior a la primera: "No vamos a sancionar ni a cerrar despachos en plantas alzadas". Su explicación de lo ocurrido pasa por argumentar que estos casos se dan "solo cuando alguien denuncia o el titular ha solicitado una licencia para hacer obra o ampliar instalaciones y solo se le deniega".
El expediente que ha desencadenado todo afecta a un compañero de profesión suyo y, además, el bufete donde trabajaba él antes de ser edil está en un cuarto piso de la avenida Tenor Fleta. Sin embargo, garantiza que su situación es "legal" porque era donde trabajaba su padre, que lo abrió antes del 2001. "Es lo que se llama disconforme con el plan".
