Aragón sigue dando pasos para mostrar el consenso existente en la comunidad autónoma sobre la necesidad de un cambio del modelo de financiación autonómica que permita sufragar los servicios públicos en Aragón.

Este viernes, el Gobierno de Aragón ha sumado a los agentes sociales a una declaración institucional en la que reclaman un sistema que tenga en cuenta no solo el criterio de población para el reparto de los fondos del Estado, sino la dispersión, el sobreenvejecimiento, la superficie y la despoblación, y que se cuente con los fondos suficientes para hacerlo.

El Ejecutivo autonómico, la CEOE, Cepyme, UGT y CCOO han coincidido en que con la reforma del sistema de financiación Aragón "se juega los próximos decenios". Por eso, todos han querido mostrar su unidad, de modo que el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, pueda defender "con fuerza" los argumentos de Aragón ante el ministerio.

La semana que comenzó con la reunión con los grupos parlamentarios para compartir el análisis del Gobierno aragonés sobre el nuevo concepto de "población ajustada" que plantea el ministerio, se cierra con una nueva imagen de unidad tras el informe de la Cámara de Cuentas que ponía negro sobre blanco el déficit del Estado con Aragón.

Una nueva etapa en el 40 aniversario del Estatuto

El presidente aragonés, Javier Lambán, ha asegurado que "es el momento de abrir una nueva etapa" cuando se cumplen 40 años del Estatuto de Autonomía, que ha permitido a la comunidad, ha asegurado, "mejorar la calidad de vida y reducir las diferencias con otras comunidades autónomas más desarrolladas y mejor tratadas por el Gobierno de España".

Ahora, defiende Lambán, toca "seguir mejorando los servicios públicos y eliminar las diferencias entre comunidades, de modo que por fin se pueda cumplir el artículo 2 de la Constitución Española sobre la igualdad entre españoles, entendida como la igualdad de derechos y oportunidades".

Para lograrlo, ha recordado, "la financiación autonómica es fundamental". Algo que debe entenderse que "trasciende al Gobierno y a las fuerzas políticas, porque es clave para la sociedad en su conjunto".

En este marco, se ha firmado la declaración institucional que consta de 10 puntos y recoge el espíritu de la posición aragonesa. "No se trata de conseguir privilegios, sino de la igualación de derechos", ha reclamado Lambán, que ha celebrado que el primer documento del Ministerio de Hacienda sobre la "población ajustada" incluya las reclamaciones de la comunidad.

Sin embargo, ha recordado las "carencias" del documento, que no habla "ni de suficiencia financiera, ni de lealtad institucional ni de corresponsabilidad fiscal". "Tenemos que seguir perseverando", ha aseverado.

Manuel Pina, líder de CCOO Aragón, firma la declaración institucional que une al Gobierno y los agentes sociales por una nueva financiación. JAIME GALINDO

"No somos una comparsa"

El líder de CCOO Aragón, Manuel Pina, ha asegurado que este debate "marcará los próximos decenios". Por eso, ha ensalzado esta imagen de unidad por un nuevo modelo "porque las competencias y los servicios públicos no se pueden prestar sin una financiación suficiente".

Desde Cepyme, Aurelio López de Hita, defendió el valor del consenso. "No somos una comparsa que se une al Gobierno. Los agentes sociales somos coadyuvantes del Gobierno autonómico para dar un salto cualitativo como el que se ha producido en los últimos 40 años en la comunidad", ha defendido. "La disyuntiva era esta: o seguir aceptando una financiación injusta, o exigir una nueva que tenga en cuenta nuestras necesidades", ha reconocido.

Para Ricardo Mur, presidente de CEOE Aragón, ha calificado la reforma del sistema como un asunto "fundamental para Aragón". "Durante décadas nos hemos quejado de estar infrafinanciados. Hoy lo dice la Cámara de Cuentas.

El objetivo es que se tengan en cuenta las necesidades de Aragón, para que un aragonés viva donde viva pueda tener los mismos servicios públicos que un vecino de la calle Serrano", ha reclamado Mur, que ha llamado también a "abandonar el derrotismo y reclamar lo que merecemos".

Desde UGT Aragón, Daniel Alastuey, aseguró que estar presentes en la declaración institucional supone "no ser desleales". "Todas las cuestiones que demandamos al Gobierno de Aragón a través del diálogo social, como una mejor Educación, una mejor Sanidad, fomento de la Formación Profesional... Todo eso son recursos. Y no se puede hacer sin una financiación justa", ha defendido.

Además, Alastuey ha pedido "ser leales entre nosotros". "Hay que acabar con esas carreras suicidas de dumping fiscal", ha zanjado.

La reunión con los grupos, la próxima semana

El Gobierno de Aragón debe remitir al Ministerio de Hacienda su valoración de la propuesta del concepto de "población ajustada" antes de final de mes, por lo que los plazos se ajustan para poder sellar los acuerdos políticos.

Con este escaso margen, el presidente aragonés, Javier Lambán, ha asegurado que el Ejecutivo volverá a reunirse con los grupos parlamentarios para fijar la postura definitiva "a principios de la semana que viene".

Los grupos parlamentarios remitieron ayer sus valoraciones al esquema presentado por Hacienda, y se prevé que se cierre el acuerdo entre el lunes y el martes de la próxima semana.

En el aire queda la propuesta del PP de Jorge Azcón sobre la consulta a un equipo de expertos externo y una reunión a dos bandas. "Tomamos como base el acuerdo de las Cortes de 2018, que fue elaborado por grandes expertos en la materia", ha recordado Lambán.

No habrá tiempo, sin embargo, para una reunión con el resto de comunidades autónomas despobladas, con las que se ha trabajado en "frente común" sobre la financiación autonómica. "No hay tiempo material para cuadrar las agendas de ocho presidentes autonómicos", ha reconocido Lambán, que no obstante ha dado por hecho que las propuestas de las ocho autonomías irán en la misma línea.