Quizá lo de la irrelevancia le suene fuerte a más de uno, sobre todo si se agarra a los números, que hace un par de días marcaron que España había superado los cien mil muertos a causa del covid en los dos últimos años, donde ha sumado nada menos que 11 millones de casos. Grosso modo, podríamos decir que uno de cada cuatro habitantes del país ha tenido el bicho en su interior, si bien hay quien ha convivido en tres y hasta en cuatro ocasiones con este coronavirus que, contaron, salió de un pangolín.
Probablemente nunca se sabrá de qué reservorio se escapó el SARS-CoV-2 que nos cambió la vida. También en Aragón, que va camino de los 5.000 fallecidos (4.850) por la enfermedad maldita, con 400.571 contagiados, casi un tercio de la población de la comunidad, la única en el conjunto del territorio que ha llegado a las siete olas (la segunda, salida de los campos de temporeros en verano de 2020, solo fue catalogada como tal en esta tierra).
En todo caso, si no es irrelevancia se le va pareciendo en 2022. La semana que viene se dejarán de notificar casos y se abrirá un periodo de transición hasta convertir el covid en lo que ya es: una enfermedad común en la que únicamente se prestará vigilancia a las personas más vulnerables. Es decir, una más.
Ha cambiado todo en un par de meses. El año echó el telón con una nueva guerra judicial cuando una orden del área de Sanidad obligó a restricciones casi olvidadas, con horarios reducidos, distancias y aforos incompletos. Se olieron en el Gobierno de Aragón que la última onda, la del famoso ómicron, arrasaría en el mes de enero. Así fue, con un matiz trascendente. El número de casos, calificado de riesgo extremo al llegar a 250 casos en el génesis de la pandemia, se disparó por encima de los 8.000 el 10 de enero. De eso no hace ni dos meses.
Pero una cosa son los contagios y otra los fallecimientos. La cifra de muertes se ha mantenido en proporción a los casos positivos. También se ha hecho callo porque, si bien durante los primeros momentos del año Aragón lamentaba un centenar de óbitos por semana, la letalidad, que durante mucho tiempo rondó el 15%, se quedó entre el 0,2% y el 0,4%.
Son muchos cien muertos a la semana, dirán. Con razón. Un muerto es una barbaridad, casi siempre una tragedia. Pero en tiempos de pandemia todo se naturaliza, a veces incluso se trivializa. Ya no son cien, por cierto.
El último recuento semanal los dejó casi en la mitad. La consecuencia directa del efecto de la vacuna, el medio por el que el mundo camina en dirección a la normalidad, es que la ministra Darias ha confirmado que, a partir de esta semana, el Ministerio de Sanidad no publicará más datos diarios, ni muertos ni contagios.
¿Se puede decir adiós al coronavirus? No parece recomendable. De hecho, algunos expertos auguran que todavía nos llevaremos algún susto en forma de variante, que no será ómicron, ni delta ni épsilon. Les quedan nueve letras del alfabeto griego a los denominadores covid. Aseguran que se acabarán, así que ya están pensando en cómo llamar a las futuras mutaciones. Nombres de astros, han propuesto. Por ahí, en el espacio infinito, difícilmente se les terminarán.
Pese a que este virus de ARN muta relativamente poco, según los investigadores, hay cambios significativos en aspectos de transmisibilidad (más contagioso) o patogenicidad (más daño a quien lo contrae). Además, el ritmo del cambio, en contextos de alta transmisión, es previsible que sea importante.
Así que no es descabellado pensar que, ante un virus camino de ser endémico, surjan más de nueve variantes nuevas. Y algún sobresalto, claro. En cualquier caso, nada que ver con los primeros meses, con aquella primera ola tan sobrecogedora, o ese noviembre de 2020 fatal.
La investigación, otra vez, podrá con la enfermedad. Los expertos aseguran que las vacunas mejorarán, que llegarán medicamentos específicos para este coronavirus. Más larga será la recuperación económica y psicológica. Lo demuestra el último año, en el que el clima de consenso, de paz social y política, que reinaba en Aragón a raíz del estallido de la pandemia se acabó en octubre con un sonoro portazo del PP a la Estrategia de Recuperación Social y Económica de Aragón.
Todavía mandaba en otoño Luis María Beamonte cuando anunció que su partido no participaría más en una mesa en la que confluían los intereses de todos los partidos políticos –salvo Vox, que no se llegó ni a sentar–, los sindicatos, la patronal y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP).
La estrategia de recuperación tenía sentido en un momento de "tragedia", pero con la pandemia casi bajo control llegó el momento de menos documentos y más "gestión". Se acabó ahí la complicidad política de la oposición, que se comportó con nobleza y tacto en las Cortes. Lo mismo hizo el PSOE en algunos ayuntamientos importantes como Zaragoza, donde puso por delante "a las personas", como tantas veces repitió Lola Ranera.
Al contrario de lo que ocurrió en Madrid, con espectáculos lamentables en el Congreso, en la comunidad se evitó utilizar a los muertos como herramienta política. Pero el paulatino regreso a la normalidad significó otra desescalada. Se arrimó el hombro en los peores tramos, pero con el horizonte despejado llegó el momento de romper una cohesión que, todo sea dicho, sirvió para disimular los posibles errores en la gestión.
Los ha habido, sin duda. Se llevaron por delante en su día a Pilar Ventura, a quien sustituyó Sira Repollés, que ha aguantado el tirón pese a admitir errores de comunicación. Más que de comunicación han sido de precipitación, lo que en determinados momentos ha supuesto la pelea entre las supuestas libertades individuales y la protección de lo colectivo.
Se han radicalizado las posturas por momentos estos últimos meses en que las equivocaciones llegaron por exceso y por defecto. La última, sin duda, la partida adjudicada a Sanidad en los Presupuestos de 2022, que se quedó corta casi antes de empezar el año.
Otros errores llegaron en la imposición y liberalización de las medidas. En julio, por ejemplo, se ordenaron una semana determinadas restricciones que a la semana siguiente fueron corregidas. Esa monitorización permanente provocó tantas veces incomprensión en el sector de la hostelería, sin duda el más castigado por la pandemia, también el segundo año.
Entre los propietarios y trabajadores de bares, restaurantes, pubs y compañía han quedado decenas de heridos, y un buen número de esqueletos urbanos donde cuelga el cartel de 'Se traspasa' o, aún peor, 'Cerrado por defunción'. Son cicatrices imborrables que el tiempo suaviza y cambia de aspecto pero que nunca desaparecerán.
Quedan los números, que han mejorado insuficientemente. Al comienzo de 2021 en Aragón había 31.912 personas empleadas en hostelería, ya fuesen autónomos o trabajadores. A final de año esa cifra había subido hasta 35.045. No está mal para andar saliendo del túnel, pero sigue lejos de los 40.000 empleos que tenía el sector dos años atrás.
Los últimos 12 meses también han situado en el primer plano al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que en su última sentencia relacionada con la pandemia advertía de que hay "visos de inconstitucionalidad" en la ley aragonesa 3/2020, por lo que el Constitucional deberá estudiar la norma de la que se sirve el área de Sanidad de la DGA para fijar horarios y aforos en comercios y hostelería. "Se crea un artificio de ingeniería jurídica que cercena la opción de recurrir", dicen los jueces, que además creen que se impide la acción de la Justicia "por la puerta trasera".
La guerra entre el Alto Tribunal de Aragón y la DGA ha estado latente desde el primer momento, cuando Javier Lambán mandó a los jueces «a hacer mascarillas». La fragmentación se produjo rápido porque no ha habido coincidencia en las interpretaciones con el ámbito de la gestión.
Nadie debería invadir el ámbito judicial o el epidemiológico desde el escenario de enfrente, pero ha ocurrido. Tanto que estuvo a punto de llevarse por delante a la actual consejera de Sanidad, que patinó al afirmar que detrás de las decisiones de los jueces "hay motivos ideológicos".
Fue una bomba, una torpeza que trató de corregir solo unas horas después, cuando el PP ya había pedido su dimisión inmediata. En el TSJA lamentaron la "ignorancia y falta de respeto institucional" de la consejera, a quien tuvieron que recordar que las interferencias entre poderes "son muy graves" y "atentan contra los pilares en los que se sustenta el Estado".
El paso de otros 12 meses ha permitido que la enfermedad se naturalice camino de la intrascendencia, que no del olvido. Ya se ve luz, casi fulgor a días de que desparezcan incluso las mascarillas. El problema, como decía un astuto dirigente hostelero, no es si se ve la luz. La cuestión es que no se vuelva a fundir.
