Que el otoño será un reto de calado para la sociedad al completo no es motivo de duda. La inflación alcanza cotas del 11,4% en Aragón y dispara, impulsada por el incremento del coste de la energía, cada vez más el coste de la vida. Pero si los ciudadanos de a pie notan la escalada de precios, ni mucho menos es inmune la industria, el motor económico de la comunidad y consumidor de cerca del 50% de la demanda total de luz y gas en Aragón.
Tal es la incertidumbre en el sector que buena parte de las empresas ya tratan de renegociar sus contratos con las comercializadoras, incluso aceptando grandes ofertas a tipo fijo a cambio de permanencias de hasta tres y cuatro años, algo que llevan a cabo por «desesperación» aún a sabiendas de que es una «apuesta muy arriesgada», según expresan los empresarios.
El metal, la química, la automoción o las papeleras, que aglutinan la demanda de energía para procesos y cadenas, miran con temor el horizonte gasítico. El precio del gas, clave para el funcionamiento de los hornos a altas temperaturas, se ha triplicado desde junio y se ha multiplicado por diez en un año.
Por ello, algunas comercializadoras están ofreciendo contratos multianuales –de dos, tres, cuatro y hasta cinco años, según los expertos consultados– para atar a sus clientes. Y ahí radica el riesgo. Si en un entorno tan volátil como lo es el de una guerra todo volviera de repente a la normalidad, los contratos fijos con el precio por las nubes no podrían rebajarse y las empresas estarían condenadas a lidiar con ellos y perder toda su competitividad.
Y es en este punto donde aparece una enorme disyuntiva: firmar un contrato variable y tomar el riesgo de que el incremento tienda a infinito o aceptar una factura a tipo fijo por más tiempo y arriesgarse a que todo se solucione. Apostar por el segundo caso podría suponer hipotecar el futuro; de no aceptarlo, según advierten desde distintos sectores, algunos deberán parar las cadenas. «Las empresas están aceptando ofertas que nadie hubiera firmado hace dos años porque será imposible producir con los precios que se prevén en otoño. Y lo hacen por pura supervivencia», aseguran fuentes de la química zaragozana.
Desde el sector del aluminio confirman esta tendencia. Armando Mateos, director general de Itesal, apunta que han intentado «buscar opciones para hacer contratos fijos al menos de energía eléctrica» y que «en parte» lo han conseguido. «Con esto, añadido a las inversiones que hemos hecho en instalaciones de placas fotovoltaicas, esperamos mitigar un poco la situación», revela el también presidente de la Asociación Española del Aluminio.
El gran problema se halla de este modo en las condiciones de las ofertas. Lo habitual es que las industrias firmen contratos anuales de tipo variable por los grandes volúmenes de energía que demandan, además de hacerlo con una amplia previsión por lo desastroso que sería para ellas sufrir cortes de suministro.
"Nos dicen que las previsiones para 2023 son horribles", apuntan desde la Federación del Metal de Zaragoza
Desde la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza dicen que la preocupación en el sector es «enorme» porque los productores «no pueden trasladar el sobrecoste al producto» porque de tal modo la demanda caería. «Nos dicen que las previsiones para el año que viene son horribles. Los que mejor situación tienen son los que han comprado gas a futuros. Otros se han resignado a lo que negocien las consultoras energéticas para no malgastar esfuerzos. Los dirigentes no hacen más que trasladarnos su frustración», explica Carmen González, la responsable de Procesos Industriales de la FEMZ. Otras, como Stellantis, afirman que en su caso los contratos se negocian de forma anual y que esperan poder asumir el sobrecoste con la inversión en renovables.
Por ponerle datos al complejo asunto de la energía, solo en el último año, la electricidad, el gas y los demás combustibles se han encarecido un 50,4%, según el INE. Pero este fenómeno no se limita a los últimos 12 meses: desde febrero de 2020, último mes antes de que la pandemia pusiera el mundo patas arriba, los productos energéticos se han encarecido un casi inasumible 75,13%. La situación afecta de manera directa a las familias, pero también tiene un impacto significativo sobre las empresas, que en muchos casos tienen un alto consumo de electricidad o derivados del petróleo y llevan meses viendo cómo su actividad se ve amenazada por este encarecimiento.
Las previsiones para el final de año en Europa no son halagüeñas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ya habló de que «no somos conscientes de que el invierno va a ser durísimo». Así lo declaró en un contexto internacional de cortes de gas, amenazas constantes y una tensión geopolítica no vista desde décadas atrás. Putin tiene en su mano la supervivencia gasística de Europa, al menos por el momento, y a eso se suma la crispada relación que España mantiene con Argelia tras las desavenencias por el Sáhara occidental Marruecos.
Ante esta situación de emergencia energética, Bruselas activó los llamados «mecanismos de solidaridad» en todo Europa para ahorrar energía de cara al invierno. En España, el paquete de medidas impulsado por la ministra Teresa Ribera está dirigido en un principio al sector transportes y al terciario. Según volvió a confirmar esta semana, el decreto no tocará a la industria. «Tan solo lo haría en el caso de que se llegaran a aplicar los mecanismos de seguridad para garantizar el consumo de la población vulnerable, lo que supondría una situación extrema», explicó a este diario José María Yusta, experto en el mercado energético y profesor de la Universidad de Zaragoza.
Es este panorama es «muy improbable» en España, dice Yusta, porque la única forma de ahorrar en la industria consiste en detener los procesos productivos. Es este el extremo imposible, pues frenar la producción sí supondría un palo en las ruedas de la economía mundial, también la aragonesa, que se traduciría en la caída del empleo y el incremento exponencial de los precios. De momento, todos los sectores industriales descartan tal extremo. «La preocupación, en cualquier caso, radica en la supervivencia», concluye Carmen González.
LA APUESTA POR EL AUTOCONSUMO ES UN BOTE SALVAVIDAS ANTE LA CRISIS
- No son pocas las industrias aragonesas que se han lanzado a la construcción de macroparques renovables en sus instalaciones para tratar de reducir su factura de la luz. La papelera Saica cubre desde 2020 el 100% de su energía total con producción verde. Y Stellantis (la antigua Opel-PSA) ya anunció este verano que aspira a cubrir el 80% de su demanda energética antes de 2024.
- En el primer semestre del año, la industria aglutinó el 51,1% de la demanda frente al 48,9% de los hogares y los comercios, el grupo al que se denomina sector comercial. Del total, las papeleras aglutinaron el 23% de la demanda industrial, el mayor volumen.
- En cualquier caso, y a pesar de las voces que alertan de la desaceleración en todo el país, la industria aragonesa registró en junio –último mes del que se connocen los datos– el tercer mayor incremento de la producción entre las comunidades autónomas respecto al mismo mes del año anterior, un 12,5%. Comandada por la energía, los bienes de equipo y recuperación de la automoción en la comunidad, que este año evita la crisis de los microchips, la cifra supone doblar el crecimiento medio español, que se sitúa en el 6,4%.
